Alerta: el Proyecto de Ley 1718, que tiene como objetivo favorecer el acceso a tierras a los proyectos de inversión en tierras de las comunidades campesinas y nativas y agricultores familiares, puede ser aprobado en el Pleno del Congreso este jueves 9 de noviembre.
El 28 de julio, el gobierno de PPK presentó el Proyecto de Ley 1718/2017-PE, una norma que puede generar mayor inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y posesión no solo de los pueblos indígenas, sino también de los millones de pequeños propietarios, agricultores familiares y de todas y todos los peruanos, cuyos territorios podrán ser expropiados si existe interés de un proyecto de inversión en ellos.
Actualmente, el proyecto, que cuenta con los dictámenes favorables de la Comisión de Economía y Comisión de Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del Congreso y al parecer su aprobación es inminente. Si se llegase a aprobar, el Proyecto de Ley 1718 debilitará aún más los derechos de propiedad al poder realizar diversas modificaciones en los procedimientos para sanear, adquirir y expropiar tierras y poder otorgarlas a los proyectos de inversión, ahora denominados “obras de infraestructura priorizadas”.
Estas acciones son la continuidad de las normas que se dictaron durante el gobierno de Ollanta Humala, que bajo la justificación de reactivar la economía buscaban flexibilizar los procedimientos de acceso a la tierra, como fue el caso de la Ley 30230 o recientemente el Decreto Legislativo N°- 1333, conocida como la Ley del Despojo.
Con los mismos fines, el Proyecto de Ley 1718 es considerado por las organizaciones indígenas y agrarias del Pacto de Unidad como una nueva versión del DL 1333, el cual fue ampliamente rechazado por dichas organizaciones y derogado por el Congreso de la República, en mayo de 2017. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la derogatoria y actualmente sigue en vigencia.
Estas mismas organizaciones son las que están luchando en contra del Proyecto de Ley 1718, las cuales consideran que es la misma Ley del Despojo: “Exigimos el archivamiento del Proyecto de Ley N° 1718, que sigue amenazando los derechos territoriales de los pueblos indígenas”, afirma el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.
APIP: Caos territorial
El Proyecto de Ley 1718 insiste en crear el Proyecto Especial de Acceso a Obras de Infraestructura Priorizados – APIP, impulsado por PROINVERSIÓN, una institucionalidad, sin experiencia previa en saneamiento, adquisición y expropiación solo para atender a proyectos de inversión y que se superpone a las competencias de las instituciones encargadas de la formalización de la propiedad, como son MINAGRI, los gobiernos regionales o SUNARP.
Esto traería mayor caos del que actualmente hay en el ámbito rural, específicamente en los territorios de comunidades y pequeños propietarios. “Además de la falta de demarcación y georreferenciación, conflictos de colindancia y superposición de derechos, entre otros, traerá nuevos conflictos sociales y territoriales a los ya existentes”, afirma Luis Hallazi, coordinador del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.
El Estado, nuevamente, no cumple su obligación de proteger el derecho de propiedad mediante la titulación de las tierras de las comunidades y pequeños propietarios, aun cuando en dos artículos del proyecto pretenda excluir a las comunidades campesinas o mencione que se solicitará información al Ministerio de Cultura o Agricultura sobre la presencia de pueblos indígenas en el ámbito de proyectos.
“De ninguna manera esto garantiza la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas, o los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, dado que faltan muchas comunidades por titular y la base de datos del MINCU no reconoce a más de 3000 comunidades campesinas como pueblos indígenas”, Jorge Prado, representante de la Confederación Campesina del Perú. Es más, “aunque la tierra este titulada, la norma igual puede afectarla. El ámbito de aplicación es a cualquier predio”, aclara Pedro del Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales.
Intrusión y explotación
La trampa de esta norma está en denominar “predio” a la tierra y al territorio de las comunidades, quitando los atributos característicos de estos conceptos. Así, el Proyecto de Ley 1718 constituye una amenaza para las más de diez mil comunidades campesinas y nativas al facilitar la propiedad de sus territorios, y por ende, la explotación de sus recursos naturales.
Dado que esta norma afecta los derechos territoriales de pueblos indígenas, debió pasar por un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Pero, según Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, ni siquiera se contó con algún tipo de participación de organizaciones indígenas para el diseño de dicho proyecto de ley. “Se está aprovechando del desconocimiento de los pueblos indígenas respecto del marco jurídico nacional sobre titulación, para crear un régimen legal que posibilite que terceros se apropien de estas tierras de las comunidades nativas y campesinas”, añade Ketty Marcelo, presidenta de la Organización de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.
El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores. Al hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política y las normas referidas a la materia. La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión tiene que respetar los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas.
Esta nota se basa en el Informe sobre el Proyecto de Ley 1718-2017-PE. Análisis de Constitucionalidad en materia de Pueblos Indígenas, realizado por Luis Hallazi, coordinador del Colectivo Territorio Seguros para las Comunidades del Perú.
