Lima, 17 de noviembre de 2020.En los últimos días, a la crisis sanitaria se ha sumado la crisis política, la misma que se inició con la aprobación de la vacancia de Vizcarra y la juramentación del Sr. Merino, como presidente, en medio de un proceso que deslegitimó al ejecutivo, agravándose la crisis, con el nombramiento del gabinete encabezado por el Sr. Antero Araoz. En este contexto, la población en general, especialmente los jóvenes, ejerciendo el derecho a la defensa se movilizaron a nivel nacional, sin embargo, el gobierno de facto, lejos de garantizar el derecho a la protesta, le restó importancia y permitió que las fuerzas policiales actúen con violencia, disparando proyectiles infringiendo los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, ocasionando el fallecimiento de dos jóvenes, hecho que conmocionó a todo el país, generó un enorme rechazo y se espera que se investigue y sancione a los responsables.
El Estado y los gobernantes, no respetan ni garantizan el derecho a la protesta, por el contrario, autorizan la represión y criminalización sistemáticamente. Según un registro elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al mes de agosto del 2019, se registraron 299 personas fallecidas durante los gobiernos de Toledo, Alan Garcia, Ollanta Humana, Kuczynski y Vizcarra. Recordemos que el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la policía reprimió con violencia y terminó con la vida de tres hermanos indígenas Kukamas de Loreto, en la localidad de Bretaña, ubicada en la cuenca del río Puinahua.
Antolín Huáscar, presidente de la CNA señala: “Lamentablemente los gobiernos reprimen y criminalizan la protesta. La violencia ejercida por la policía y el fallecimiento de los jóvenes que salieron a marchar, son ejemplos claros de la violación de los derechos humanos, no debe pasar por desapercibida y debe ser sancionada. La represión y criminalización a los pueblos indígenas es aún más grave, nos estigmatizan desde siempre como violentos y agitadores por defender nuestro territorio. Ninguna muerte debe quedar impune”
Como alertamos, tempranamente, la aprobación de ley 31012 por Merino, durante el poco tiempo que asumió la presidencia, se pretende librar de toda responsabilidad penal a los efectivos policiales y militares que, durante el ejercicio de su función, ocasionen lesiones o muerte a los ciudadanos, restringiendo incluso la facultad de los fiscales y jueces de disponer prisión preliminar o preventiva contra los efectivos que resulten investigados por estos hechos. Por lo que se debe investigar y sancionar a los responsables de la muerte de los dos jóvenes, declarados como héroes del bicentenario, así como a los más de 299 indígenas que fueron asesinados por defender su territorio, como un acto de justicia sin discriminación.
¡Respeto y garantía del derecho a la protesta!
¡Por un país sin exclusiones ni discriminaciones!
