El ultimo el 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notifico la sentencia al Estado peruano de su responsabilidad por vulnerar los derechos ambientales y afectar la salud de la población de La Oroya causado por la contaminación de metales pesados en las actividades del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO).
Después de 20 años de lucha y resistencia, los pobladores consiguieron una sentencia favorable tras una constante contaminación ambiental por las actividades minero-metalúrgicas. La contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya ha significado un grave problema en la salud de sus habitantes afectando su calidad de vida como el goce de sus derechos de vivir en un ambiente sano.
La sentencia dispone que el Estado está obligado a indemnizar económicamente y a tomar acciones para remediar el daño causado a la salud de las víctimas que han enfrentado gastos médicos y pérdida de ingresos como resultado directo de la contaminación. Además, el Perú deberá brindar un plan de reubicación para las familias afectadas y la atención médica, psicológica y psiquiátrica, en caso lo requieran.
Desde la CNA, demandamos el cumplimiento del Estado a la sentencia de la Corte IDH, pues este fallo significa un avance hacia la protección de los derechos humanos y del medio ambiente como la obligación de responsabilidad del Estado en casos de contaminación ambiental y vulneración de derechos.
Además, pedimos la atención a la demanda binacional liderado por Francisco Barreto, presidente de la Federación Agraria de Tumbes (FART), que actualmente se encuentra en proceso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la contaminación del rio Puyango de Tumbes por metales pesados causados por actividades mineras, el cual ha causado graves afectaciones a la salud de la población tumbesina por el consumo de agua contaminada. Sin Luchas no hay Victorias.
