El Gobierno de Dina Boluarte continúa ignorando el derecho a la participación de los pueblos indígenas u originarios y de los pequeños agricultores. El pasado 11 de agosto, vía la Resolución Ministerial N° 286-2023-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas creó la “Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana”, pero sin tener en cuenta a ninguna organización representativa de los pueblos indígenas o de la agricultura familiar.
Según esta misma resolución, esta mesa ejecutiva ha sido creada para impulsar el desarrollo de las regiones de la Amazonía, combatir actividades ilícitas (como la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación de los bosques amazónicos) y atender temas prioritarios y de enorme relevancia como el cambio climático, la informalidad, la asignación de derechos sobre el territorio, la ocupación estratégica del territorio amazónico y la promoción de la inversión pública y privada. Sin embargo, preocupa que el Ejecutivo imponga como meta principal del trabajo que llevará a cabo esta mesa el crecimiento económico, dejando en segundo plazo enfoques como el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas u originarios.
La Mesa Ejecutiva está integrada por un total de 29 representantes provenientes de once ministerios, seis gobiernos regionales y tres entidades adscritas al Poder Ejecutivo. Además, se asignan ocho espacios a representantes de las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, pero dejándose establecido que sus designaciones serán decididas por la Mancomunidad de Gobiernos Regionales de la Amazonía. En ese sentido, no se ha tomado en cuenta ni se ha asegurado la presencia de representantes de las organizaciones indígenas y de la agricultura familiar, como es el caso de las federaciones regionales agrarias base de la CNA, que hasta la fecha no han sido informadas sobre la creación de esta mesa ni han sido convocadas a participar en ella.
Levantamos nuestra más enérgica protesta contra esta evidente intención del Gobierno de ignorar y excluir, una vez más, la participación de los pueblos indígenas y los pequeños agricultores en un espacio de tanta relevancia para el futuro de nuestra Amazonía, desde el cual el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales pretenden impulsar políticas, proyectos y otras medidas públicas que sin duda afectarán de manera directa e irreversible las tierras, territorios y derechos esenciales de pueblos originarios y pequeños agricultores. En efecto, parece que la voluntad del actual Gobierno es implementar propuestas de inversión pública y privada para explotar desmedidamente los recursos naturales de nuestra Amazonía, sin garantizar mayor protección para nuestros bosques amazónicos, recursos hídricos y derechos de nuestros pueblos indígenas y agricultores familiares.
Desde la CNA demandamos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas la inmediata derogación de la Resolución Ministerial N° 286-2023-EF, e iniciar un proceso de dialogo y consulta para incluir y asegurar una adecuada representación de los pueblos indígenas u originarios y de las organizaciones de la agricultura familiar, la misma que debe garantizar la presencia de al menos dos representantes de cada una de las seis regiones amazónicas. Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales actuar con mayor transparencia y vocación democrática en la creación y funcionamiento de este tipo de espacios, cuyo trabajo definitivamente tendrán consecuencias e impactos radicales e irreversibles sobre el destino de nuestra Amazonía y los derechos de nuestros pueblos originarios y agricultores familiares.
