PRONUNCIAMIENTO
Bajo el marco tan importante en el que el Congreso de la República viene gestando una reforma electoral que garantice la vida democrática dentro de Estado peruano, las organizaciones indígenas nacionales que participamos del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena con el Jurado Nacional de Elecciones, nos dirigimos al Parlamento peruano y a la opinión pública para expresar lo siguiente:
1. La participación de nuestros pueblos en los asuntos públicos que nos conciernen se ha configurado como un derecho en el marco internacional y nacional, de modo que, en concordancia con el artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nuestra Constitución Política en su artículo 191° ha dispuesto que se establezcan porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en los consejos regionales y en los concejos municipales. Este reconocimiento normativo implica el deber del Estado de asegurar que los pueblos indígenas u originarios participemos en la vida política en condiciones de igualdad como todo ciudadano y ciudadana del Perú, pues nadie como nosotros conoce mejor nuestra realidad.
2. En cumplimiento de la Constitución, tanto la Ley de Elecciones Regionales (Ley N° 27683) y la Ley de Elecciones Municipales (Ley N° 26864) han establecido que ese porcentaje mínimo represente al menos el 15% de candidatos/as en las listas electorales. Sin embargo, esta cuota no ha logrado hasta ahora que nuestros representantes indígenas resulten elegidos/as como autoridades en los consejos regionales, pues las organizaciones políticas los ubican en posiciones relegadas, dificultando nuestra representación en las instancias públicas del país, no tratándose así tampoco las agendas de nuestros pueblos. En efecto, por ejemplo, durante las Elecciones Regionales 2014, del total de 48 representantes por provincias en los que se aplicaba la cuota, solo 16 fueron elegidos como consejeros y consejeras.
3. Por resultados como estos, por la exclusión histórica, social y cultural que padecemos, y al amparo del marco jurídico internacional y nacional, exigimos al Congreso de la República garantizar el acceso a cargos de elección popular, tanto locales y regionales, de los pueblos indígenas u originarios, organizados en comunidades campesinas y nativas. En este sentido, exhortamos a que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que viene discutiendo los temas de reforma electoral, acoja la propuesta elaborada en forma consensuada dentro del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena, e incida por su próxima aprobación.
Finalmente, las organizaciones indígenas nacionales fundamentamos estas propuestas y reflexiones en el marco de nuestra voluntad de consolidar la vida democrática del país, asegurando una real participación en espacios donde se toman decisiones que tienen que ver con nuestra vida y desarrollo. Por una representación efectiva en el Estado en igualdad y democracia.
Atentamente,
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), a través del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena, creado por Resolución Nº 085-A-2016-P/JNE.
