Desde la Confederación Nacional Agraria – CNA, gremio nacional representativo de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos del Perú dedicados a la agricultura familiar, expresamos nuestro absoluto rechazo y exigimos la derogación del D.S. N.° 169-2019-PCM, por el cual el Poder Ejecutivo ha declarado por 30 días (desde el pasado 16 de octubre), el estado de emergencia en el Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa (conocido como el “Corredor Minero del Sur”), en los tramos comprendidos en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas, Cusco.
Consideramos que esta medida dispuesta por el gobierno del Presidente Vizcarra es totalmente innecesaria e injustificada, sobre todo porque las comunidades afectadas y sus representantes ya habían acordado con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior reanudar, para la presente semana, la mesa de diálogo que busca solucionar este conflicto. En ese sentido, esta medida constituye un inadmisible acto de provocación y deslealtad de parte del Estado que quiebra totalmente el principio de buena fe que debe primar en toda negociación, y puede más bien acrecentar el ya enorme descontento de la población de estos distritos, que ahora se ve envuelta en un escenario de militarización que vulnera la tranquilidad de sus familias y el desarrollo normal de sus actividades.
Nuestra historia nos ha demostrado una y otra vez que la represión de las demandas de nuestras comunidades por medio de la fuerza pública jamás ha dado buenos resultados; por el contrario, este tipo de medidas solo reavivan los terribles momentos que padecieron durante la década de los ochenta y, más recientemente, con el “Baguazo”. Nuestros pueblos originarios no son ciudadanos de segunda categoría ni, mucho menos, terroristas. Ellos solo defienden lo que consideran justo para sus vidas, territorios y economía ante los peligros que cotidianamente enfrentan por los impactos ambientales y sociales negativos de las actividades extractivas, algo que aún no parece entender este gobierno, que en este punto no se diferencia en nada de sus antecesores.
Con el repetitivo discurso de que esta declaración de emergencia solo busca restablecer el orden interno y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, se pretende ocultar el hecho de que esta medida busca realmente proteger y favorecer los intereses de la empresa minera, que es la única causante de todo este descontento social, como ya quedó demostrado en marzo de este año, cuando el distrito de Challhuahuacho (Cusco) también fue declarado en emergencia. ¿Es acaso necesario recordarle a este gobierno que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están, por encima de todo, al servicio de la ciudadanía y de los pueblos indígenas y no los de las empresas privadas? Parece que sí.
Por todo lo expuesto, la CNA y nuestras bases regionales nos solidarizamos con las comunidades de Chumbivilcas y exigimos al Presidente Vizcarra inmediata anulación del estado de emergencia en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, y que en adelante se abstenga de continuar la represión contra la población a través de medidas similares, que solo acrecienta la profunda discriminación que padece nuestro país y ahondan las brechas de desigualdad y exclusión social en el Perú.
