El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú levanta su voz de protesta contra el Proyecto de Ley 1718-2017-PE, anunciado el 28 de julio por el Presidente Kuczynski, y que es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, “Ley del Despojo”, que fue derogado por el pleno Congreso en el mes de mayo ante la exigencia de las organizaciones indígenas por amenazar las tierras y territorios en posesión y propiedad de las más de 10 mil comunidades campesinas y nativas que existen en todo el Perú.
Como se recuerda, los pueblos indígenas organizados denunciamos desde el primer momento que el D.L. 1333 contenía serios vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, no solo para el derecho de propiedad y posesión territorial de los pueblos originarios, sino también para los derechos de todas y todos los peruanos. Ahora, este nuevo proyecto toma gran parte del decreto y lo empaqueta en una “nueva” fórmula que, según sus autores, es necesaria para reactivar la economía nacional.
El Proyecto de Ley 1718-2017-PE insiste en la creación del APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) como un organismo dependiente de PROINVERSIÓN y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y cuyo principal objetivo será expropiar los terrenos necesarios para desarrollar proyectos de inversión en obras de infraestructura y entregar derechos de propiedad a los inversionistas privados, sin importarle afectar nuestros derechos territoriales y el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; reconocidos en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, además de diversa jurisprudencia nacional e internacional.
El presidente de la República y el MEF tratan de “maquillar” este nuevo proyecto excluyendo de sus efectos a los “inmuebles de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas”; sin embargo, esta exclusión no es insuficiente, pues más de la mitad de comunidades campesinas no están reconocidas como pueblos indígenas, mientras que la mayoría de comunidades nativas no cuentan con títulos de propiedad. Ante ello, las organizaciones del Pacto de Unidad:
1.- EXIGIMOS la inmediata promulgación y publicación de la derogatoria del D.L. 1333 acordada por mayoría absoluta del Congreso de la República.
2.- EXIGIMOS a las Comisiones de Economía, de Descentralización, de Constitución y Reglamento, y de Pueblos Indígenas, el ARCHIVO DEFINITIVO del Proyecto 1718-2017-PE, que busca revivir el derogado D.L. 1333.
3.- SOLICITAMOS a la Defensoría del Pueblo y a las entidades competentes en materia de pueblos indígenas y saneamiento de la propiedad rural, pronunciarse a través de informes técnicos sobre las amenazas que el Proyecto 1718-2017-PE representa para los derechos territoriales de los pueblos originarios. Emplazamos, en ese sentido, al Ministerio de Agricultura y Riego, a la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural – DIGESPACR, al Ministerio de Cultura, al Viceministerio de Interculturalidad y a la SUNARP.
4.- DEMANDAMOS al Poder Ejecutivo, al MEF, a PROINVERSION y a sus operadores desistir de seguir impulsando esta clase de proyectos que solo buscan beneficiar a los grandes inversionistas, siempre en detrimento de los derechos a la tierra y territorio de las comunidades.
5.- EXIGIMOS al gobierno disponer los recursos necesarios para saldar la deuda histórica que tiene el Estado con nuestros pueblos en materia de reconocimiento y titulación de nuestros territorios comunales.
6.- HACEMOS un llamamiento general a todos los pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas a sumarse a la lucha por nuestro derecho al territorio, y les invocamos a mantenerse alertas frente a esta nueva arremetida del gobierno.
¡No al despojo de nuestras tierras y territorios!
¡Inversión sí, despojo no! ¡Titulación para todos y no para unos pocos!
¡Wañuchum proyecto de ley 1718-2017-PE!
Lima, 18 de agosto de 2017
