Lima, 08 de diciembre de 2020. Tras cinco días de agudas protestas de las y los trabajadores agroindustriales que se realizaron en distintos puntos del país, el último viernes 4 de diciembre, con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, se logró que el Congreso derogue la Ley N° 27360, “Ley que aprueba Normas de Promoción del Sector Agrario (LPA)”, promulgada el año 2000 durante la dictadura fujimorista, y que durante los últimos 20 años, debido a dos prórrogas aprobadas durante los gobiernos de Toledo y Vizcarra, solo ha traído beneficios a las grandes empresas agroexportadoras, en desmedro de los derechos humanos, laborales y la dignidad de las y los trabajadores de la agroexportación.
Recordemos que esta ley fue aprobada con el pretexto de dinamizar e impulsar la inversión y el desarrollo de las actividades del sector agropecuario y agroindustrial; sin embargo, la misma solo ha beneficiado a las empresas agroexportadoras, que pagan tan solo el 15% del Impuesto a la Renta, mientras que el régimen general contempla casi el 30%. La suma de todas estas exoneraciones asciende a miles de millones de soles que no han ido a parar a las arcas del Estado. Sin embargo, a pesar de estas cuantiosas ganancias, las empresas agroexportadoras continuaron vulnerando los derechos de sus trabajadores.
Antolín Huáscar, presidente de la CNA, señala: “Vivimos un contexto de crisis y grave riesgo de estallido social, producto de las demandas históricas de diversos sectores de la población, que han venido siendo desatendidas y postergadas. El rápido incremento de marchas evidencia que el Estado está gobernando de espaldas a la población. La derogatoria de ley Chlimper no es un logro en sí, pero sí un punto de partida para construir una nueva Ley Agraria, que sea fruto del diálogo con las y los representantes de los trabajadores de la agroexportación y todos los actores involucrados, dialogo que debe realizarse en condiciones de igualdad. En ese sentido, la comisión parlamentaria designada para esta labor debe garantizar la incorporación de las propuestas y peticiones de los trabajadores de la agroexportación en esta nueva ley; de otra manera, será más de lo mismo, un saludo a la bandera. Asimismo, la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo deberán asumir su tarea y fortalecer su labor fiscalizadora”
No olvidemos tampoco que el saldo de las víctimas tiene «rostro indígena». Hace un mes fueron victimas Inti y Bryan, jóvenes descendientes de pueblos indígenas originarios; hoy, es Jorge Yener Muñoz, joven rondero de 20 años, quien falleció durante la protesta, producto del impacto de un perdigón disparado por la PNP. Definitivamente las políticas neoliberales nos están matando por diferentes frentes. Es muy preocupante, además, que de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, existan 191 conflictos sociales activos y más de 299 fallecidos, desde el 2002 hasta agosto de 2019, entre civiles y policías, como producto de los conflictos sociales. Esta data no debe pasar desapercibida por el gobierno de Sagasti, pues es una alerta de lo que podría pasar en los siguientes meses de su gestión sino atiende las demandas de nuestros pueblos.
¡No más privilegios para las empresas que acumulan riqueza explotando a los trabajadores!
¡Trabajo digno para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación!
