La Confederación Nacional Agraria y sus 21 federaciones regionales expresamos nuestra indignación y rechazamos la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación del exdictador Alberto Fujimori, quien cumplía su sentencia por los crímenes en contra de los derechos humanos durante su mandato. Crímenes como, de La Cantuta y Barrios Altos, en los que un grupo de militares dirigido desde el Gobierno acabó con la vida de 25 personas, mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, políticas que afectaron los derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas.
Este hecho va en contra de la resolución del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), donde señala que, el Estado peruano debe abstenerse al indulto concedido a Alberto Fujimori en el 2017, por los delitos de lesa humanidad durante su gobierno. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias son de carácter obligatorio, por tanto, su liberación violaría las órdenes de la Corte IDH y el Estado incumpliría las obligaciones de órdenes y tratados internacionales reconocidos por el Perú.
La liberación de Fujimori confirma una vez más la corrupción del Gobierno que responden a los grupos de poder y no a la defensa de la población peruana. ¿Dónde queda la justicia por la vida de las víctimas?, los crímenes contra los derechos humanos no deberían quedar impune.
