En la conferencia del Ejecutivo, el día martes 30 de junio, la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que financiarán la identificación de los Pueblos Indígenas del país, por parte del Ministerio de Cultura y realizarán procesos de consulta previa “virtuales” para acelerar la ejecución de proyectos mineros.
Lo manifestado por la Ministra, indigna, causa profunda preocupación y rechazo, pues quiebra varios fundamentos esenciales del derecho a la consulta y consentimiento, previa, libre e informado, consagrados en el Convenio 169 de la OIT, como son: el diálogo intercultural en condiciones de equidad, la buena fe, la información oportuna y la pertinencia cultural que deben regir el desarrollo de cada una de las etapas de estos procesos, los cuales evidentemente no se pueden garantizar ni desenvolver a través de celulares, computadoras y plataformas virtuales, dado que tales recursos son ajenos a la cosmovisión y prácticas culturales de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos y Pueblos Indígenas, quienes necesitan del contacto directo para establecer un diálogo intercultural adecuado y fiable con el Estado y otros actores, además de que tales medios tecnológicos son inasequibles o deficientes en los lugares más recónditos de nuestro país, lo que en la práctica hace inviable cualquier diálogo efectivo.
Estas declaraciones vuelven a demostrar que para este gobierno, al igual que para sus predecesores, la consulta previa no constituye un derecho humano de los Pueblos Indígenas sino un mero trámite administrativo, una “barrera burocrática” que requiere de soluciones rápidas y simplificadas para facilitar las inversiones privadas en el sector de las actividades extractivas y los megaproyectos de infraestructura, visión que resulta particularmente condenable que se pretenda concretar aprovechando la crisis nacional generada por la pandemia del Covid-19.
Resulta también reprochable, la actitud cómplice del Ministerio de Cultura, ante estas declaraciones, más aún cuando este sector, en plena pandemia, se ha hecho notar más por sus escándalos de presuntos favorecimientos hacia determinados personajes públicos, que por una efectiva gestión intercultural de la emergencia sanitaria, para proteger la salud, la vida y los derechos de los Pueblos Indígenas, dicha labor ha sido calificada sumamente deficiente, por su reacción lenta (más de dos meses) para promover políticas en favor de los Pueblos Originarios y constituir una Comisión Multisectorial integrada por diversos sectores del Ejecutivo y las organizaciones indígenas, comisión que fue instalada, recién la semana pasada y de la cual, convenientemente, no forma parte el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de la exigencia de las organizaciones indígenas de que dicho ministerio sea incorporado.
Por otra parte, cabe recordar que, desde la creación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas en el año 2011, el Ministerio de Cultura no ha registrado a todos los pueblos y comunidades indígenas del país, a pesar de la insistencia de las organizaciones indígenas, por el contrario, se han dedicado a postergar y excluir a miles de comunidades campesinas y a todas las rondas campesinas de dicha base de datos. Sin embargo, ahora que conviene a los intereses de las empresas extractivas, el Ejecutivo decide acelerar dicho registro.
Sobre este tema, es preciso aclarar a la opinión pública que la facultad de “identificar” y “reconocer” a los pueblos indígenas que se arroga el Ministerio de Cultura es INCONSTITUCIONAL y vulnera el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos internacionales que reconocen expresamente a los Pueblos Originarios el derecho a autoidentificarse y elegir su propia denominación en ejercicio de su libre determinación.
Siendo así, compete únicamente a los Pueblos Indígenas la prerrogativa de identificarse o auto reconocerse como Pueblos Originarios y no al Estado, cuyas dependencias solamente deberían limitarse a registrar o inscribir las diferentes formas en que los propios pueblos decidan organizarse. Es precisamente con el afán de reafirmar y consolidar este derecho que la CNA y otras organizaciones indígenas de ámbito nacional y subnacional, presentamos recientemente a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República el “Proyecto de ley de autoidentificación y registro de la personalidad jurídica de los Pueblos Indígenas u Originarios, andinos, amazónicos y afroperuanos”, propuesta que viene congregando la unidad de los Pueblos Indígenas y para el cual ya se ha formado un grupo de trabajo que impulsará la formulación del respectivo dictamen, a efectos de garantizar nuestro derecho a la autoidentificación y autorreconocimiento. De esta manera, la “identificación” que hoy pretende acelerar el Ejecutivo carece de toda legitimidad, no solo por la demora con que ha actuado en esta materia, sino porque contradice abiertamente lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI.
En el marco de la terrible pandemia del Covid-19 que nos azota a todos los peruanos y peruanas, los pueblos indígenas requerimos una urgente atención del Estado a través de políticas pertinentes e inversión suficiente para garantizar nuestra salud e integridad y asegurar el normal desarrollo de nuestras actividades económicas tradicionales, especialmente la Agricultura Familiar, la cual ha demostrado ser vital para el Perú al garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria en el marco de la emergencia sanitaria que venimos padeciendo.
¡A más de 100 días de la pandemia, RECHAZAMOS el modelo economicista, extractivista, depredador, destructor de la madre tierra y benefactor de las grandes empresas, que impone el Ejecutivo!
Defendamos la salud y la vida. Defendamos la madre tierra y la Agricultura familiar Indígena
