El 26 de noviembre de 2020, las organizaciones indígenas CCP, CNA, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA presentaron al Ministerio de Cultura (MINCUL), la petición para incorporar de manera inmediata a TODAS las comunidades campesinas y nativas del Perú en la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI), y conformar un grupo de trabajo con el objeto de diseñar e implementar un instrumento de información integral y eficiente sobre nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, transcurridos casi cuatro meses y luego de una ardua insistencia para obtener una contestación, el MINCUL respondió de manera negativa a dicho pedido.
La BDPI es la fuente oficial del Estado que debería contener información sociodemográfica, estadística y geográfica sobre todos los pueblos originarios y sus organizaciones, para que los distintos niveles de gobierno elaboren y desarrollen políticas públicas destinadas a ellos. Sin embargo, dicha base sigue excluyendo a miles de comunidades indígenas de Costa, Andes y Amazonía, así como a un enorme sector de ciudadanos y ciudadanas indígenas y a sus territorios, lo cual resulta sumamente perjudicial para los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en el marco de la pandemia del COVID-19, los ministerios de Salud y de Agricultura, no lograron responder a las necesidades de las comunidades campesinas y nativas golpeadas por la crisis sanitaria y económica, al no contar con la información necesaria para ubicar a sus líderes y territorios; más aún, los representantes de dichos sectores solicitaron esa información a las propias organizaciones de pueblos indígenas. Ahora, además de su negativa a nuestra petición de “incluir en la BDPI a la totalidad de las más de 10 mil comunidades existentes en la Costa, Andes y Amazonía de nuestro país, sin discriminación ni segregación alguna”, el MINCUL incurre en el mismo despropósito, volviendo a solicitar a las organizaciones indígenas “información sobre las comunidades campesinas y comunidades nativas que, a la fecha, no se encuentran registradas en la BDPI”.
Preocupa la negativa del Ministerio de Cultura porque evade toda respuesta a los dos fundamentos centrales de nuestra petición: por un lado, que nuestras comunidades campesinas y nativas son “pueblos indígenas” por razones históricas ampliamente demostradas y cumplen los criterios de autoidentificación establecidos en el Convenio 169 de la OIT; y, por otra parte, porque el “reconocimiento” e “identificación” de los pueblos indígenas que viene llevando a cabo el Viceministerio de Interculturalidad es inconstitucional y contrario al derecho internacional de los pueblos indígenas, pues la autoidentificación es una atribución exclusiva de las propias organizaciones de los pueblos originarios.
Así mismo, indigna la demora del Ministerio de Cultura para atender nuestras demandas. Recordemos que el 26 de noviembre de 2020 presentamos esta petición, venciendo el plazo para responderla el 15 de enero de 2021. Sin embargo, recién el 12 de marzo emitió respuesta negativa con argumentos confusos y evasivos, haciendo referencia a la creación de la “Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas”, lo cual solo posterga la atención inmediata de nuestros pedidos. Posteriormente, el 26 de marzo se llevó a cabo una reunión convocada por el Viceministerio de Interculturalidad, en la que los funcionarios de esta entidad volvieron a evadir el fondo del pedido planteado por las organizaciones indígenas, ofreciendo solamente una “hoja de ruta” para promover el fortalecimiento de la BDPI, que tampoco ha sido remitida hasta la fecha.
Es recurrente el desaire del Ministerio de Cultura a nuestras demandas y propuestas, como ocurrió el día en que esta petición fue presentada en un evento público virtual, al cual no acudió ningún representante de ese sector pese a la invitación cursada y nuestra reiterada insistencia para confirmar la participación del Ministro de Cultura. Todos estos estos hechos refuerzan la idea de que, para el Estado, los pueblos originarios somos invisibles.
En CCP, CNA, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA estamos convencidos y convencidas de que LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE INFORMATIVA integral, confiable y permanentemente actualizada sobre nuestros pueblos indígenas, QUE INCLUYA A TODAS LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DEL PAÍS, es fundamental para responder con efectividad y rapidez, desde el aparato estatal, a las demandas más prioritarias y urgentes de nuestros pueblos originarios. Por ello, seguiremos en pie de lucha para lograr que nuestra petición sea atendida cuanto antes por el Poder Ejecutivo, recurriendo a todas las instancias y mecanismos que pone a nuestra disposición el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues el único propósito de nuestro pedido es garantizar el pleno respeto y cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios y de las más de 10 mil comunidades campesinas y nativas de la Costa, Andes y Amazonía del Perú.
¡El Estado debe garantizar el registro de todas las comunidades indígenas, originarias, campesinas y nativas de la Costa, los Andes y la Amazonía!
