El día de ayer, jueves 03 de diciembre, se llevó a cabo la presentación pública de la “Petición de las Organizaciones Indígenas Nacionales para incorporar a todas las comunidades campesinas y nativas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas”, evento en el que las y los representantes de CCP, CNA, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA, en su calidad de organizaciones firmantes, expusieron los argumentos que sustentan y justifican dicha petición, la misma que fue presentada formalmente al Ministerio de Cultura el pasado jueves 26 de noviembre. Durante este acto público, se contó que la presencia de los destacados investigadores y docentes Ingrid Guzmán y Edmundo Murrugarra.
A través de esta petición se ha solicitado al Ministerio de Cultura que proceda a registrar de inmediato a todas las comunidades campesinas y nativas de nuestro país en dicha base de datos, considerando que tanto el Convenio 169 de la OIT como nuestra legislación nacional reconocen plenamente el carácter indígena de todas nuestras comunidades de Costa, Andes y Amazonia. Asimismo, se ha propuesto la conformación de un grupo de trabajo para diseñar e implementar, con la participación de las organizaciones indígenas y todas las entidades públicas competentes, un nuevo instrumento de información pública sobre los pueblos indígenas de nuestro país, que sea efectivo para la formulación e implementación de políticas interculturales que garanticen los derechos de nuestros pueblos originarios.
Lamentablemente, pese a la importancia de la petición, suscrita por cinco organizaciones nacionales de pueblos indígenas, el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad “brillaron por su ausencia”, desde la CNA consideramos, un desaire institucional y muestra reiterada de la escasa preocupación y compromiso de los altos funcionarios de este sector, hacia los principales problemas de nuestros pueblos, demostrando nuevamente que no están a la altura de nuestras necesidades, demandas y exigencias, agudizando así la histórica y recurrente exclusión e “invisibilización” de la que son objeto nuestros pueblos desde el Poder Ejecutivo, con el único propósito de favorecer un modelo económico extractivista y que sin reparo alguno, el Ministro de Energía y Minas pretende imponer el irracional e ilegal “acuerdo previo”, a nuestras comunidades originarias, para seguir explotando los recursos que yacen en sus territorios, vulnerando reiteradamente nuestros derechos.
Al respecto, Antolín Huáscar, presidente de la CNA, manifestó que “La emergencia sanitaria evidenció que los diferentes sectores del Ejecutivo no fueron capaces de atender oportunamente las necesidades y demandas de los pueblos originarios, por carecer de una fuente de información pública confiable, actualizada y articulada sobre los pueblos indígenas, lo que impidió ubicar de manera urgente a las comunidades afectadas y sus representantes. Ello se constató, en la “Comisión Multisectorial para promover la implementación de acciones de protección en beneficio de los pueblos indígenas u originarios, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, donde representantes del MINSA y MINAGRI, solicitaron dicha información a las propias organizaciones indígenas integrantes de dicha comisión”
Durante el evento, se sustentó la preocupante imprecisión de la información existente en torno a las comunidades campesinas y nativas. Así, por ejemplo, mientras el Censo Nacional Agropecuario del año 2012 (CENAGRO 2012) registró 6277 comunidades campesinas y 1322 comunidades nativas, fuentes más actualizadas elaboradas por instituciones de la sociedad civil registran la existencia de alrededor de 7282 comunidades campesinas (en Costa, Andes y Amazonía) y 2166 comunidades nativas. Asimismo, se evidenció que la Base de Datos de Pueblos Indígenas reporta cifras inexactas respecto a las comunidades, pues en los registros se incluyen confusamente tanto a las comunidades campesinas y nativas propiamente dichas como a sus respectivos anexos y caseríos; todo lo cual, reduce aún más la credibilidad de este instrumento público.
