Los conflictos sociales en nuestro país se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos años, ello producto de una inadecuada atención y resolución por parte del Estado a los problemas y demandas de la población, especialmente de nuestras comunidades y pueblos originarios que ven afectados sus medio de vida (territorio, recursos naturales) producto del impacto de las actividades extractivas que se desarrollan en sus territorios. Ante ello, al hacer uso de su derecho a la protesta terminan enfrentando un proceso de criminalización, vulnerando así el ejercicio libre de sus derechos y mermando la labor de nuestros defensores y defensoras de derechos indígenas y ambientales.
En la actualidad, las comunidades no solo tienen que defender sus territorios, sino también a sus líderes que ocupan el rol de defensores y defensoras; sin embargo en nuestro país se ha casi institucionalizado la criminalización de la protesta, como una forma de respuesta violenta que tiene el aparato estatal, el cual permite abusos y excesos por parte de las fuerzas del orden y del sistema judicial.
En este contexto, la Confederación Nacional Agraria (CNA) conversó en una nueva edición de su programa radial, Kawsayninchis la voz de los pueblos del campo, con Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Marcelino Bustamante, representante de Federación Agraria Departamental de Ancash (FADA) y dirigente de CNA.
En ese sentido Marcelino Bustamante refirió que todos los gobiernos de turno han tratado de la peor forma al movimiento campesino que ha salido a protestar, debido a las acciones extractivas que se desarrollan en sus comunidades: “Casi el 90% de los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas están concesionados a empresas legales e ilegales, y precisamente son en esas zonas donde se producen los conflictos socioambientales, lamentablemente el gobierno no tienen la valentía de defender los derechos de nuestros pueblos y terminan protegiendo los intereses económicos empresariales, a costa de la vulneración de los derechos de nuestras comunidades. Existen hermanos nuestros que han fallecido, en este gobierno hemos tenido aproximadamente 4 muertos”, expresó el dirigente campesino.
En esa misma línea, Mar Pérez, señaló que la protesta social es un derecho fundamental que asiste a todo ciudadano y ello no debe ser considerado como un delito, “Salir en la radio, en un periódico o internet no es la única forma de expresarse, recordemos que en el caso de los pueblos indígenas las posibilidades de que accedan a un medio de comunicación son muy limitadas, y ello debido a que estos obedecen intereses económicos, entonces para la gran mayoría de las comunidades del Perú las calles se convierten en el único medio de comunicación posible”, manifestó.
Asimismo indicó que en el último gobierno la situación de los líderes o dirigentes sociales se ha agravado, por ejemplo el tiempo de detención que se les da a las personas que salen a protestar ha aumentado, desde las 24 horas hasta las 48 horas; además la pena de cárcel que recibe un líder social que participa de una marcha o de un bloqueo de carreteras es de hasta 25 años de cárcel, mientras que para una persona que conduce en estado de ebriedad y atropella a alguien sólo recibe una pena de hasta 10 años.
Ante ello, destacó la importancia de que el estado peruano adopte un mecanismo de protección a defensores y defensoras que se encuentren en situaciones de riesgo, sin embargo denunció que el nuevo plan de derechos humanos que se ha aprobado es una estafa, dado que precisamente no contempla un capítulo especial que señale los mecanismos de protección a nuestros defensores, que en la actualidad continúan siendo expuestos a la violencia de quienes pretenden despojar de sus territorios ancestrales.
Igualmente Marcelino Bustamante lamentó que los gobiernos continúen con el mismo modelo de amedrentamiento y acallamiento a las protestas, calificándolos de terroristas, en ese sentido recalcó el rol que cumplen algunos medios de comunicación quienes estigmatizan a quienes protestan: “Es atroz cuando hay medios que en lugar de defender los derechos de nuestros pueblos se parcializan hacia el lado del gobierno o de intereses económicos”
De igual manera, hizo referencia que dichos conflictos sociales se desarrollan generalmente en territorios donde existen actividades extractivas, en donde el estado no ha implementado de manera adecuada un proceso de Consulta Previa, de esta manera se entregan concesiones sin el consentimiento previo de las comunidades.
De esta manera, la abogada de CNDDHH reiteró la necesidad de implementar un mecanismo de protección a defensores y defensoras, dado que mucho de ellos dependen de la solidaridad de sus comunidades para refugiarse o movilizarse, sin obtener ningún apoyo del Estado; asimismo remarcó la importancia de contar con una policía democrática que no reprima las protestas usando armas de guerra y el excesivo uso de la fuerza; así como de contar con un sistema de justicia que garantice reparaciones a las familias que han perdido a un familiar, producto de la acción de agentes estatales, policiales y militares: “Protestar es un derecho no un delito, tenemos que fortalecer a las organizaciones indígenas para hacerlos menos vulnerables, con organización se puede combatir los embates del gobierno”, finalizó.
