Lima, 16 de octubre de 2020. Este lunes 19 de octubre vence el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre la autógrafa de la “Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización”, aprobada por el Congreso de la República, en el mes de setiembre. Esta iniciativa debe ser OBSERVADA Y DEVUELTA al Congreso para una exhaustiva revisión, pues vulnera los derechos territoriales de nuestros Pueblos Indígenas Originarios e incrementa el riesgo de degradación de los ecosistemas frágiles que son patrimonio de todos los peruanos y peruanas.
Como ya es costumbre, nuestro Congreso, lejos de fiscalizar y aprobar normas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, continúa emitiendo dispositivos que facilitan el despojo de nuestros territorios ancestrales. En efecto, esta iniciativa vuelve a impulsar la aplicación de una norma aprobada durante el gobierno de Toledo, la Ley 28687, “Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos”, ampliando el plazo del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios hasta el 31 de diciembre de 2026, para formalizar terrenos que hubieran sido ocupados hasta el 31 de diciembre de 2015.
Esta autógrafa afecta directamente los derechos colectivos a la tierra y el territorio de las comunidades campesinas de todo el país, ya que la Quinta Disposición Final Complementaria de la referida Ley 28687 comprende dentro de sus alcances a las tierras de las comunidades campesinas de todas las regiones, sin contemplar ninguna exclusión o garantía de protección para sus tierras. Además, esta autógrafa fue aprobada de manera irregular, sin cumplir el derecho a la consulta previa, libre e informada que exige el Convenio 169 de la OIT. Tampoco se recabó la opinión técnica de las instituciones de la sociedad civil especializadas en la materia, ni se consideró que aproximadamente el 17% de las tierras de las comunidades campesinas aún no cuentan con título, ignorándose también por completo los diversos procesos de titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas que están en trámite.
Esta norma vulnera el Convenio 169 de la OIT y atenta contra la garantía constitucional de imprescriptibilidad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas y el ejercicio de sus derechos de propiedad colectiva contemplados en el artículo 89 de la Constitución, al permitir que las personas que ocupan territorios comunales sin que las ampare ningún derecho puedan apropiarse definitivamente de esas tierras, lo cual, a no dudarlo, generará nuevos conflictos entre las comunidades, los posesionarios y el Estado.
Por si fuera poco, muchos ecosistemas frágiles de todo el país, como lomas y humedales, también se verán directamente amenazados con la aplicación de esta norma. Recordemos que los asentamientos informales en zonas urbanas y rurales han generado una gran afectación a estos ecosistemas, siendo el antecedente directo en la inmensa mayoría de los casos la invasión de terrenos públicos y privados.
Por lo expuesto, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas originarios denunciamos y RECHAZAMOS esta nuevo atropello del Congreso que acentúa el proceso de despojo de nuestros territorios ancestrales, y exigimos al Ejecutivo que la observe y devuelva al Congreso para su revisión en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cumpliendo con el debido procedimiento parlamentario y respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada que nos corresponde conforme al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normativas internacionales.
¡Los pueblos indígenas originarios cuidamos y protegemos el ambiente para la humanidad! ¡El Estado debe garantizar nuestro derecho al territorio integral!
Agradecemos su difusión
