El pasado viernes ocho de junio mientras en la ciudad de Lima se desarrollaba la clausura del V Encuentro Nacional del Pacto de Unidad, donde participaron una gran cantidad de líderes y lideresas de distintas comunidades del país, la comunidad campesina Santa Bárbara de Uchuymarca sufría un nuevo intento de desalojo ante la orden judicial dada por la jueza Antonia Gonsales Llalli del segundo juzgado civil del distrito judicial de Ayacucho.
Es la segunda vez en menos de dos años que los miembros de la comunidad Santa Bárbara de Uchuymarca se alzan para defender sus territorios ante la amenaza de ser echados de sus tierras pese a ser posesionarios de ellas por más de veinte años. Son más de 120 familias que viven en la incertidumbre tras librar un juicio cuyos inicios se remontan al año 2003 donde el hijo de un exhacendado de la zona Filomeno Bautista Vega les interpuso una demanda, bajo la materia de mejor derecho a la propiedad, con la cual exige la reposición de sus tierras donde ahora habitan más de 100 de familias.
La propiedad de los terrenos que hoy reclama Filomeno Bautista Vega fue entregada a la comunidad de Uchuymarca por la Reforma Agraria durante el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado y respaldada por dos instancias judiciales en el departamento de Ayacucho, Filomeno Vega no conforme con ello inició un nuevo juicio en la ciudad de Lima en la que obtuvo resultados positivos y producto de ello ha puesto a la comunidad en un inminente peligro.
El mandato judicial de lanzamiento y retiro de la población programado para el pasado viernes no pudo ser llevado a cabo, nos comunica con gran entusiasmo Evaristo Quispe Ochatoma, presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), quien junto a líderes comunales y el apoyo de comunidades vecinas planea la defensa de los territorios que le corresponden por su posesión ancestral y el amparo de la reforma agraria.
El entusiasmo de sus palabras va acompañado de una profunda preocupación de que estos casos puedan expandirse a otras comunidades como es el caso de Huanuhuanu y Ayrabamba en el cual los descendientes de ex hacendados quieren apropiarse de los terrenos que tuvieron bajo su posesión.
Las autoridades comunales no quieren tomar medidas violentas ni exponer a los suyos por la tierra, buscan un proceso de diálogo en cual se puedan obtener soluciones convenientes para las partes involucradas. Las autoridades del estado deben poner énfasis en este tipo de casos, ya que de cumplirse esta orden judicial sentaría un precedente negativo que dejaría a muchas familias sin un lugar a donde ir. No dejemos que nuestro país siga siendo un lugar ancho y ajeno.
