El 11 de noviembre, en medio de la crisis sanitaria y política que azota nuestro país, el congresista Omar Chehade de la bancada de Alianza para el Progreso, presentó el proyecto de ley Nº 6639/2020-CR, que modifica los artículos 3, 7 y 12 e incorpora Disposiciones Transitorias a la Ley Nº 27446, “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”. Como se recuerda, dicha bancada se opuso rotundamente a la ratificación del Acuerdo de Escazú, y ahora propone aprobar una moratoria para todos los proyectos de inversión que fueron construidos o están en proceso de construcción sin cumplir con la aprobación previa del instrumento de gestión ambiental.
Al respecto Antolín Huáscar, presidente de la CNA, señala: “El proyecto de ley 6639 cuya aprobación pretende la bancada de APP es muy peligroso, pues implica que uno puede construir lo que quiera, afectando incluso el ambiente, y corregir sobre la marcha sin recibir ninguna sanción. Esto es un atentado contra la Amazonía peruana y un desaire para la lucha que se viene realizando desde hace décadas contra la minería ilegal en el Perú. Con el pretexto de impulsar la economía, se están flexibilizando estándares medioambientales que ya venían siendo impulsados por el Ministerio de Agricultura y Riego, cuya modificación del Reglamento de Gestión Ambiental viene siendo cuestionada por las organizaciones indígenas a través de una petición de consulta previa, libre einformada”.
Tal y como lo ha alertado la Comisión de Pueblos del Congreso, la situación es preocupante porque empresas procesadas por minería o tala ilegal como Ocho Sur U SAC, Ocho Sur P SAC y TAMSHI SAC podrán adecuar sus certificaciones ambientales sin paralizar ni detener sus actividades comerciales. Como se recuerda, a inicios de noviembre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa de 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la empresa Tamshi S.A.C por realizar actividades agrícolas (cultivo intensivo de cacao) sin contar con un instrumento de gestión ambiental (IGA) aprobado por la autoridad competente. Asimismo, se le impuso otra multa por 5 UIT por realizar un control deficiente de residuos y, adicionalmente, dictó 17 medidas correctivas, ordenando a la empresa paralizar definitivamente y de manera inmediata la actividad de cultivo intensivo de cacao.
Antolín Huáscar también afirma: “Hemos enviado una carta dirigida al presidente del Congreso señalando que las medidas contenidas en los estudios de impacto ambiental, al afectar a los pueblos indígenas del área de influencia indirecta de los proyectos de inversión, corresponde sean sometidas a consulta previa, por lo que el presente proyecto de ley debe ser consultado con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas andinos, amazónicos y afroperuanos”
Desde la CNA y nuestras federaciones agrarias, alzamos nuestra voz de protesta y exigimos el archivamiento inmediato de este proyecto. Asimismo, nos mantenemos alerta ante cualquier intento de aprobar leyes que afecten los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y la naturaleza.
