El lunes 29 de enero, líderes y lideresas de las organizaciones indígenas: CNA, ONAMIAP y AIDESEP, se presentaron en una nueva audiencia ante el Tribunal Constitucional (TC), por la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 30230. Como se recuerda esta ley fue promulgada en julio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala y ha sido seriamente cuestionada por diversas organizaciones sociales, agrarias e indígenas nacionales, así también como la Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales ambientalistas y organismos internacionales multilaterales, como la misma ONU. Dicha ley plantea una serie de medidas que debilita el marco legal de protección de nuestro medio ambiente e implican una seria amenaza a la seguridad jurídica de las tierras de los productores y dueños de predios rurales, así como a los territorios de las comunidades campesinas y originarias de nuestros país, vulnerando así sus derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ante ello, las organizaciones indígenas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos, gracias al respaldo de aproximadamente cinco mil ciudadanos, quienes se expresaron en contra de esta norma por priorizar la promoción y dinamización de la inversión del país a costa de la vulneración de los derechos de nuestros pueblos indígenas u originarios, demanda que fue finalmente admitida por el Tribunal Constitucional.
En este contexto, la Confederación Nacional Agraria (CNA) conversó en una nueva edición de su programa radial, Kawsayninchis la voz de los pueblos del campo, con Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), para conocer su apreciación sobre los argumentos que sostuvieron en la mencionada audiencia y lo que finalmente esperan las organizaciones indígenas del veredicto del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, señaló que la ley 30230 destruye la institucionalidad ambiental y las competencias importantes del Ministerio del Ambiente (MINAM), ello porque se le impide utilizar los montos de multa para poder hacer fiscalización ambiental, asimismo se impide que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pueda multar directamente a aquellos que infrinjan la legislación ambiental y les permite que de buena voluntad se pueda subsanar su conducta y por último es que el propio Ministerio del Ambiente no pueden crear zonas reservadas directamente, sino que están supeditadas al derecho de veto al refrendo del sector productivo, entre otras graves deficiencias.
“Esta ley atenta directamente contra las competencias de los gobiernos municipales y gobiernos regionales, cuando se les señala que ellos no pueden asignar uso al territorio y que este sería una cuestión de competencia del Consejo de ministros, es decir se politiza algo que naturalmente es regional y municipal, y a todo esto se suma que hay todo un capítulo sobre titulación, expropiación de territorios, en donde no se les consulta a los pueblos indígenas si un determinado proyecto de inversión puede afectar directamente a sus territorios. Entonces la reconstrucción con cambios que tanto menciona el Gobierno, se hace de espaldas a los pueblos indígenas, de espalda a la consulta previa y probablemente beneficiando a grupos económicos.”, expresó el presidente de IDLADS.
En esa misma línea, Carhuatocto, remarcó que nuestro país tiene una legislación hecha para el desarrollo de la inversión, pero de espaldas a las necesidades de los agricultores y agricultoras que viven del agro situación que genera conflicto social, porque se continúan aprobando normas que afectan directamente al territorio indígena y a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios.
Para finalizar, indicó que el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de escuchar por primera vez a las organizaciones indígenas representativas del país y de derogar los artículos que afectan la inconstitucionalidad ambiental de aquellas normas que afectan al territorio en donde se realizan actividades productivas. “Esperemos que el TC tenga en cuenta la posición de las organizaciones indígenas y falle de acuerdo a la realidad social, intercultural e inclusiva y no solamente desde un punto de vista formal y ajeno a los intereses nacionales”, concluyó.
