El pasado 8 de diciembre, el Poder Ejecutivo emitió los Decretos Supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM, por medio de los cuales entregó en concesión a la empresa ARCO IRIS S.A.C. un total de 21 derechos mineros sobre un área aproximada de 17 mil hectáreas ubicadas dentro de los 50 kilómetros de nuestra frontera norte, específicamente en los distritos de Las Lomas, Sullana y, principalmente, Tambogrande; todos ellos pertenecientes a la región Piura. Dicha empresa está constituida por TESORO MINERALS CORP., empresa de capitales canadienses que controla el 99,9996% de sus acciones, y por el ciudadano peruano Raúl Ferreyra Martínez, con un porcentaje de acciones del 0,0004%
Al respecto, cabe remarcar algunos aspectos preocupantes. El primero de ellos es que, si bien el artículo 71 de la Constitución prohíbe expresamente que los extranjeros adquieran o posean minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía dentro de los 50 km de nuestras fronteras, ese mismo artículo faculta al Poder Ejecutivo a evadir dicha prohibición mediante una declaración de “necesidad pública” efectuada a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, como ha ocurrido en el presente caso. Resulta entonces que una prohibición tan importante para proteger los recursos e intereses de nuestro país es poco más que simbólica, ya que puede ser revocada por una simple decisión del Poder Ejecutivo amparada en una incierta y maleable definición de “necesidad pública”. Ello demuestra nuevamente que esta Constitución neoliberal no fue diseñada para garantizar nuestra soberanía y los intereses de la población peruana, sino los intereses económicos de los grandes inversionistas, constituyendo un nuevo ejemplo que justifica el creciente clamor de la ciudadanía que exige una nueva Constitución para nuestro país.
Un segundo aspecto -y más grave aún- es que el distrito de Tambogrande ya fue escenario de una icónica lucha en favor del agro frente a la minería, en la que la población, dedicada en su mayor parte a la producción de cultivos como limón, mango, algarrobo y arroz, rechazó casi unánimemente los intentos de la empresa minera Manhattan Minerals (curiosamente también de capitales canadienses) de extraer el oro y otros metales de la zona. Recordemos que en el año 2002 Tambogrande fue escenario de un histórico referéndum popular que congregó el interés de la comunidad internacional, a través del cual la población dio un categórico SÍ al agro y rechazó con un rotundo NO a la minería, debido a su innegable amenaza contra el agua de la cuenca y los impactos económicos, sociales y ambientales que ocasionaría a la localidad.
Hoy, casi 20 años después, nos encontramos ante una nueva arremetida que, desconociendo la voluntad ya manifestada en reiteradas oportunidades por la población local, pretende a toda costa imponer el extractivismo sobre una actividad económica sostenible como el agro, que ha demostrado ser largamente más exitosa y beneficiosa para la comunidad de los distritos de Tambogrande y Las Lomas. El actual gobierno ha cometido un gravísimo error al conceder esas 17 mil hectáreas a la empresa ARCO IRIS S.A.C., pues ello únicamente encenderá en cualquier momento un nuevo conflicto social, que se sumará a la ya amplia lista de conflictos que mensualmente reporta la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de los cuales son precisamente de naturaleza socioambiental.
EXIGIMOS al gobierno de transición a desistir de esta medida, que atenta contra el modelo de desarrollo elegido libremente por las localidades del distrito de Tambogrande, modelo económico alternativo al extractivismo que ha demostrado ser exitoso y capaz de brindar un auténtico bienestar a miles de familias dedicadas a la agricultura. Exhortamos también a éste y al próximo gobierno a priorizar el desarrollo agrario de nuestro país por encima de modelos económicos que son agresivos contra el ambiente y nuestros recursos naturales, y que no garantizan el bienestar de nuestras actuales y futuras generaciones.
ALERTAMOS a todo el país que los gobiernos de turno, amparados en la Constitución del 93 de la dictadura fujimorista, están rematando nuestras riquezas. Es hora de asumir responsabilidad y actuar por nuestra soberanía alimentaria y por nuestra Madre Tierra. Las actividades extractivas se están implementando vulnerando los derechos los pueblos indígenas originarios y de la población en general. Es hora de exigir políticas responsables con nuestra generación y con las futuras generaciones.
¡SIN AGRICULTURA, NO HAY ALIMENTOS! ¡SIN ALIMENTOS, NO HAY SALUD Y NO HAY VIDA!
¡LA MINERIA INTENSIVA E IRRESPONSABLE CONTAMINA EL AGUA Y LA TIERRA, ATENTA CONTRA LA VIDA!
