CNA 07/2019 .-Al cumplirse el 198 aniversario de la fundación de la República peruana, la Confederación Nacional Agraria – CNA, gremio representativo de las familias agricultoras de los pueblos indígenas, originarios y campesinos del Perú, nos dirigimos al país para:
Recordar que la “independencia” fue un proceso impulsado por los descendientes de los españoles y los mestizos en protesta contra la Corona hispánica, buscando acabar con el envío de las riquezas naturales y culturales que acumulaban gracias a la explotación de los Pueblos Originarios del Perú. Ni la supuesta “independencia” ni la República significaron dignidad y disfrute de derechos para nuestros Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos; todo lo contrario, nuestra situación empeoró, porque además de ser despojados de nuestros territorios ancestrales, los terratenientes y hacendados impusieron un sistema político, económico, social y cultural, clasista y racista, que se pretende mantener y justificar hasta el día de hoy con falsos discursos de “modernidad”, “desarrollo” y “progreso”, que en realidad no son más que la negación del “Allin Kausay” (Buen Vivir) que practicaban a diario nuestros Pueblos Originarios, modo de vida basado en la sabiduría heredada de los antepasados, que consiste en la convivencia armónica con nuestra Madre Naturaleza y que hoy perdura a través de nuestras culturas vivas.
Reconocer que, aun cuando en el contexto internacional se vienen logrando importantes avances normativos para la protección de los derechos de nuestros Pueblos Originarios y de nuestra Pachamama, en el Perú nos encontramos ante un serio proceso de retroceso y vulneración de los derechos indígenas, debido a que el poder económico dominante ha tomado por asalto el Estado a nivel nacional, regional y local, imponiendo un modelo neoliberal, capitalista, consumista, extractivista, represor, corrupto y discriminador que prolonga la histórica invisibilización y exclusión de los Pueblos Indígenas de la Costa, Andes y Amazonia, para apropiarse y saquear los bienes y riquezas de nuestra Pachamama (tierras, aguas, bosques, minerales, energías, etc.), a través de acciones y omisiones que:
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Buscan consolidar el proceso de regresión del que son objeto los derechos de nuestros pueblos durante los últimos años, siendo la mayor expresión de ello el desmantelamiento de la naciente institucionalidad pública que, desde los pueblos originarios, se venía construyendo a partir del ya extinto INDEPA. Asimismo, continúa la renuencia del Estado a reconocer el pleno ejercicio de nuestros derechos colectivos y fundamentales, negándose a implementar de manera efectiva y en su totalidad el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Pretenden desconocer, limitar o imposibilitar el pleno ejercicio de la libre determinación y del derecho a la propiedad de nuestros pueblos sobre sus territorios ancestrales, negándoles el reconocimiento, saneamiento, ampliación y titulación integral de sus territorios y recursos naturales, promoviendo el desmembramiento, titulación individual e invasión de sus tierras comunales.
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Intentan negar o desconocer la condición de pueblos indígenas de cientos de comunidades campesinas de la Costa, Andes y Amazonía, y de las Rondas Campesinas, impidiéndoles su registro en la Base de Datos de Pueblos Indígenas que controla el Ministerio de Cultura.
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Intentan apoderarse de las tierras y las riquezas de nuestra Madre Tierra, de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pequeños productores dedicados a la agricultura familiar, entregándolas a grandes empresas extractivas y agroexportadoras nacionales y corporaciones multinacionales, con el falso argumento de que ese sacrificio es necesario para el desarrollo y bienestar de nuestro país; destruyendo el ambiente, depredando sus recursos naturales, afectando su territorio, su vida y su salud, y negándoles el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
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Pretenden ignorar la vital importancia que tiene para nuestro país la agricultura familiar, la cual proporciona el 80% de los alimentos que consumen las familias urbanas del país; gran aporte solidario de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pequeños productores agropecuarios, quienes con su trabajo y esfuerzo diario sostienen y defienden la seguridad y soberanía alimentaria del Perú, enfrentando todas las adversidades políticas, sociales, económicas y naturales que para ellos representan: la ausencia de una auténtica política nacional que proteja, defienda y desarrollo la agricultura familiar y comunal; las injusticias y abusos del libre mercado y de los tratados de libre comercio; las amenazas constantes de las actividades extractivas; la mínima inversión pública, créditos, cobertura de seguros, semillas, infraestructura y desarrollo de tecnologías agropecuarias; los desastres y catástrofes que ya provoca el cambio climático; entre muchos otros factores.
Campesinos del Perú, a dos años del Bicentenario de la República, poco hay que celebrar en estas “Fiestas” Patrias; por ello, hacemos un firme llamado a este gobierno, autoridades y funcionarios que operan desde las instituciones del Estado, a reflexionar y cumplir sus obligaciones con principios y coherencia en la construcción de un Estado Peruano Digno, Plurinacional y Pluricultural con equidad y sin exclusiones de ningún tipo.
