Hoy 24 de junio, es el Día del Campesino, pero no hay razones para celebrar. No es un día de alegría, sino que debe ser de reflexión. Más de cincuenta agricultores fallecieron en las protestas sociales y otros 200 murieron por el brote del dengue. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha hecho un mea culpa y sigue mostrándose indolente y discriminador con el pueblo campesino.
Han pasado 56 años desde la Reforma Agraria y los agricultores continúan en el olvido. La propuesta de la Segunda Reforma Agraria, que parecía ser una opción esperanzadora, está paralizada. Las tierras hoy han vuelto a estar en manos de unos cuantos empresarios. El Ejecutivo no tiene un plan de inversión para promover la agricultura y las leyes que se dan desde el Congreso son lesivas para los campesinos.
Los tratados internacionales que han firmado los diferentes gobiernos de turno no favorecen a la pequeña y mediana agricultura. Se acerca el Fenómeno del Niño Global y el Gobierno no ha convocado a los agricultores para trabajar un plan conjunto. Según el reporte de abril del INEI, el PBI del sector agropecuario retrocedió 14.21% producto de las lluvias ocurridas en el tercer trimestre del año.
El campesino con su trabajo aporta a la seguridad alimentaria y ayuda a luchar por el hambre cero, que es uno de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2023 de las Naciones Unidas. Invocamos a las autoridades nacionales, regionales y locales a una verdadera reflexión.
Estamos a mitad del año y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego solo ha ejecutado el 20.5% de su presupuesto para proyectos de inversión. A nivel regional y local el avance es del 22%. Urge un cambio de timón en el sector agrario.
No hay un plan del gobierno para luchar contra las heladas y el friaje, promover la ganadería y agricultura familiar y apoyar a los campesinos afectados por las lluvias. Y desde el Congreso solo hay acciones lesivas contra el agro, como el proyecto que pretendía modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la iniciativa que buscaba formalizar a invasores de territorios indígenas.
El cambio climático es una amenaza para el agro porque trae pérdidas de cultivo y desaparición de la biodiversidad. Eso también parece importar poco a las autoridades: olvidan que los saberes y prácticas ancestrales se perfilan como una solución a la crisis ambiental. De igual forma no existe una política real para fortalecer la identidad de los pueblos originarios y la participación política de las comunidades indígenas.
El próximo 2024 la Confederación Nacional Agraria, CNA, la organización más importante de hombres y mujeres del campo, cumplirá cincuenta años. Hay un reto grande: luchar para que los pequeños y medianos agricultores dejen de ser la última rueda del coche del Estado.
Publicado originalmente en La Republica
