El jueves 09 de noviembre el Pleno del Congreso, podría aprobar el Proyecto de Ley 1718 -2017/PE “Ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas”, el cual fue anunciado el 28 de julio por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su discurso presidencial.
En ese sentido, mediante un oficio enviado al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Guido Lombardi Elias, la Defensoría del Pueblo manifestó que dicho proyecto del ley, al proponer la creación del Proyectos Especial de Acceso a Predios para obras de Infraestructura Priorizada (APIP) tal y como lo planteaba el derogado D.L. N°1333, perjudicaría los derechos territoriales de nuestras comunidades campesinas y nativas, ya que puede promover la expropiación de los territorios de los pueblos indígenas, así como fomentar nuevos procesos de fraccionamiento y titulación individual de los territorios comunales de los pueblos indígenas de nuestro país, impulsando así la desaparición de nuestras comunidades campesinas y nativas
Asimismo hace referencia que la supuesta exclusión que indica dicho proyecto de ley, en realidad no alcanza a las comunidades nativas, por lo que este proyecto deja abierta la posibilidad de que la APIP pueda intervenir en los territorios de propiedad o en posesión de las comunidades nativas, poniendo en peligro sus derechos territoriales.
Por ello, advirtió que dicha iniciativa legislativa debe ser objeto de consulta previa, conforme lo señala el Convenio 169 de la OIT, la Ley N° 29785 y su reglamento, ya que esta norma afecta los derechos de nuestras comunidades. Razón por la cual, dicho proyecto se evidenciaría como inconstitucional al no tomar en cuenta el procedimiento establecido constitucionalmente para su entrada en vigencia.
De esta manera el órgano defensorial, respalda las demandas hechas por las organizaciones indígenas nacionales que integramos el Pacto de Unidad, quienes venimos exigiendo al Congreso de la República su archivamiento definitivo así como la publicación oficial del derogado D.L. 1333, el cual es la base de este nuevo proyecto de ley.
Finalmente, hacemos un llamado a nuestros hermanos de las comunidades campesinas y nativas, así como organizaciones indígenas aliadas estén alertas ante esta nueva arremetida por parte del gobierno, quien por favorecer los grandes intereses de un grupo de inversionistas amenaza los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas.
NOTA DE PRENSA 072-2017. Miércoles, 8 de noviembre de 2017
