El pasado 18 de mayo, fue publicada en el diario oficial la Ley N° 31745, que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país, la misma que tiene como finalidad “promover el fortalecimiento del sistema democrático y la identidad nacional, a través de la introducción de los referidos contenidos curriculares en el Currículo Nacional de la Educación Básica, así como el reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo en el período comprendido entre los años 1980 y 2000 y el logro de la pacificación nacional”.
Al respecto, si bien es de suma importancia que las nuevas generaciones de nuestro país conozcan los lamentables sucesos ocurridos en ese periodo tan crítico y violento de nuestra historia, también es necesario que esta información sea transmitida de manera objetiva, evitando una parcialización a favor de un determinado bando o ideología política que pretenda imponer su visión sesgada o justificar su accionar respecto a los acontecimientos ocurridos en esos veinte años. Es fundamental que se eduque a nuestros niños, niñas y jóvenes con un espíritu reflexivo y crítico respecto a los acontecimientos que antecedieron a los hechos de ese periodo, para así tener una visión integral de nuestra historia. Por ello, limitar el alcance de este curso únicamente a un breve periodo de 20 años privará a las nuevas generaciones de contar con valiosa información histórica que contribuya a evitar que tales hechos se vuelvan a repetir.
Recordemos que una de las más terribles características de ese periodo fue la cruda constatación del más profundo racismo y discriminación que sufrían y aún siguen padeciendo nuestros ciudadanos, ciudadanas y pueblos indígenas y toda la población rural en general. Así lo demuestra contundentemente el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que entre sus hallazgos concluyó que[1]: (i) el 85% del total de los casos que la CVR recibió se produjeron en los departamentos más pobres del país (Ayacucho, San Martín, Junín, Huánuco, Huancavelica y Apurímac); (ii) el 79% de las víctimas pertenecían a sectores rurales y 56% eran campesinos; (iii) el 75% hablaba el quechua u otras lenguas nativas; (iv) el 68% de las víctimas muertas y «desaparecidas» tenían un nivel educativo inferior a la educación secundaria; (v) aproximadamente el 70% de los desplazados internos eran personas que hablaban lenguas nativas, pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas; y, (vi) la mayoría de los casos de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes eran campesinos indígenas de entre 20 y 39 años, quechua hablantes y con un nivel de instrucción primaria. Cifras que demuestran con toda claridad el desprecio que tuvieron hacia nuestra población originaria y rural no solo grupos terroristas, sino también los agentes del Estado, que fueron responsables de alrededor del 44% de las víctimas de ese periodo.
Desde la CNA consideramos que el informe de la CVR y sus conclusiones deben ocupar un lugar prioritario y preferente en el desarrollo de este curso, para que conozcan el trasfondo racista y colonialista que caracterizó este enfrentamiento entre dos grupos que no repararon en atacar población civil inocente con tal de alcanzar sus objetivos políticos e ideológicos. Por eso, así como es necesario que nuestras jóvenes generaciones conozcan los aborrecibles crímenes cometidos por los grupos terroristas, como las masacres de Lucanamarca y la calle Tarata, también deben conocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado en Putis, Accomarca, Cayara, cuartel Los Cabitos y muchos otros. Y también deben conocer las sanciones que se impusieron a los responsables y los casos en que hubo impunidad.
Por ello, hacemos nuestra la reflexión que, sobre esta ley, expresó en su momento el reconocido educador peruano León Trahtemberg, quien nos recuerda que “Los alemanes aprendieron a tomar distancias críticas del nazismo, los japoneses de sus agresiones militares del primer medio siglo anterior, los sudafricanos respecto al apartheid, los norteamericanos respecto a la discriminación racial, etc. a partir del reconocimiento crudo de sus crímenes, genocidios y visiones de mundo equivocadas, y no a partir del ocultamiento de ese otro lado de la moneda que los deja solo con la justificación de las acciones del gobierno de cada época sin mayor autocrítica”[2].
No debemos dejar pasar esta nueva oportunidad para aprender de nuestros errores como país y empezar un auténtico proceso de reconciliación y unidad nacional, superando las causas estructurales sobre las que todavía se asienta la discriminación y segregación que viven día a día nuestra población rural y nuestros pueblos indígenas. Por último, reconociendo el valor de este tipo de iniciativas legislativas que buscan que nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas conozcan a profundidad los capítulos más críticos de la historia del Perú para que no vuelvan a ocurrir, desde la CNA proponemos al Congreso que también se aprueben iniciativas que promuevan cursos que permitan a nuestros niños, niñas y jóvenes conocer la oscura historia de la corrupción que ha sacudido a nuestro país desde su fundación como República (la obra del investigador Carlos Quiroz es muy ilustrativa al respecto), y que ha impedido aprovechar, por ejemplo, aquellos grandes periodos de bonanza económica como los ofrecidos por recursos como el guano, el caucho y la minería para lograr un país más inclusivo, equitativo y con mejor calidad de vida para todos y todas.
