El pasado 01 de agosto, se emitió la Ley 31854, la cual modifica la Ley 28667, Ley que declara la reversión de predios rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos; norma que dispone que aquellos titulares que no pudieron utilizar sus tierras para actividad agraria por invasiones de asentamientos humanos, tienen que devolver sus predios al Estado. En la Ley original, se establecía que los titulares debían retornar los predios si habían sido ocupados por asentamientos humanos antes del 31 de diciembre del 2004. Sin embargo, esta nueva ley tiene dos importantes cambios; una es la ampliación el rango de ocupación por asentamientos humanos hasta el 31 de diciembre del 2020. La otra, es que ahora se incluye a los titulares que obtuvieron sus predios a título gratuito y no solo a quienes los compraron.
Dicha Ley implica una grave vulneración al derecho a la tierra, puesto que el Estado en lugar de respetar este derecho y promover la producción agropecuaria, castiga con esta ley a los pequeños productores que, además de las limitaciones económicas, también deben enfrentar las invasiones de los asentamientos humanos y el tráfico de tierras que les impide utilizar sus predios para sus actividades agrarias, los cuales son deber del Estado solucionar para el bienestar de la población. La propiedad agraria no tiene el apoyo del Gobierno, por el contrario, esta Ley es un golpe del Congreso a la propiedad rural, específicamente a su seguridad jurídica.
Los perjudicados son los pequeños propietarios de estos predios invadidos. Por el contrario, los beneficiados con esta ley serán, de nuevo, los traficantes de tierras, quienes se apropian constantemente de los terrenos de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores familiares para sus fines, fomentando más y más invasiones a estas tierras. Lamentablemente, esta ley solo demuestra que las bandas de traficantes de tierras tienen a sus lobistas en diversas bancadas del Congreso de la República, desde donde se ha vuelto a vulnerar el derecho a la tierra de los hombres y mujeres del campo.
Los territorios agrícolas en nuestro país son muy escasos, y esta norma reduce aún más las tierras disponibles para los cultivos. De continuar promoviendo la ocupación de predios rurales y agrarios con fines de construcción de viviendas, aumentará el fenómeno de la urbanización en zonas agrarias, lo que significará también el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, el agravamiento de los efectos del cambio climático.
Frente a ello, la CNA y sus federaciones regionales manifestamos lo siguiente:
- Rechazamos la Ley 31854, ya que afecta a los pequeños productores agrarios y vulnera el derecho a la tierra. Además, que esta no ha sido consultada con las organizaciones agrarias ni con las organizaciones de pueblos indígenas.
- Exigimos la derogación de la Ley 31854, puesto que promueve la ocupación de predios rurales y agrarios para destinarlos de manera irresponsable a la urbanización, incrementando así los efectos del cambio climático, que hoy afecta directamente a los agricultores y agricultoras y pueblos indígenas más que a cualquier otro grupo social en nuestro país.
- Invocamos a las organizaciones agrarias, representantes de pueblos indígenas como a la población movilizarse y sumarse para que la Ley 31854 sea derogada. No dejemos que estas leyes sigan vulnerando nuestros derechos.
