La propuesta del Congreso de la República de modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sería otra norma más que atenta contra los derechos y las organizaciones indígenas, sociales, ambientales y de derechos humanos. Esta norma tendría un impacto en las organizaciones indígenas que reciben financiamiento de cooperantes y organizaciones civiles.
Frente a ello, la CNA manifiesta su rechazo a esta modificación de la Ley APCI por lo siguiente:
- Esta ley busca aumentar el control del Estado sobre las organizaciones civiles limitando sus capacidades de operar independientemente y de realizar actividades en defensa de derechos humanos y promoción de cambios sociales, lo que sería un retroceso para la democracia.
- La ley introduce el término “activismo político” de las organizaciones sociales, proponiendo un registro de todas las organizaciones que realicen “activismo político”, siendo esta causa de sanción hasta disolución para las organizaciones civiles. Esto podría dar paso a la persecución de organizaciones críticas al Gobierno lo que limita la libertad de expresión y del espacio para la defensa de derechos.
- La modificación de la Ley APCI introduce el vínculo del trabajo de las organizaciones sociales con la afectación al “orden público”, esta definición no se presenta claramente en la propuesta, lo que permite las interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades y pueda utilizarse para sancionar y censurar a las organizaciones que ejercen su derecho a la protesta.
- Las organizaciones civiles deberán cumplir con más requisitos y trámites administrativos, esto genera incertidumbre jurídica y mayor burocrática dificultando su operación y puede llevar al cierre de algunas organizaciones.
- Existe preocupación de que esta ley pueda ser utilizada con fines políticos para la persecución a las organizaciones sociales que son críticas al sistema de Gobierno.
Este proyecto de ley busca aumentar el control del Estado sobre las organizaciones sociales que reciben financiamiento internacional, lo que podría afectar su capacidad de operar de manera independiente y limitar su labor en defensa de derechos. Nos sumamos al rechazo de esta norma y demandamos su archivamiento, pues consideramos que representa un retroceso para la democracia y en la defensa de derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
