En una nota periodística del diario Diario El Comercio (Perú) donde se habla sobre el impacto del régimen laboral agrario en la agroindustria, se señala la postura de rechazo de parte de la CNA y la CGTP a la ampliación del régimen laboral agrario; sin embargo no explica las razones por las cuales ambas organizaciones indicamos que este régimen laboral perjudica los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En primer lugar consideramos que este régimen laboral es un régimen temporal creado sólo para promover el fortalecimiento y crecimiento del sector, es decir por su propia naturaleza está llamado a desaparecer luego de alcanzar los objetivos para los cuales fue institucionalizado.
En ese sentido, resulta inaceptable la intención de prolongar por un periodo adicional, ello evidencia los ánimos de los sectores empresariales ligados a la agroindustria de convertir dicho régimen especial como un régimen permanente, transformando en permanente los beneficios tributarios y de flexibilidad laboral provisionales que caracterizan este régimen, perjudicando así los intereses de los trabajadores agrarios.
Mientras que en el régimen general un trabajador recibe un sueldo, gratificaciones en el mes de julio y diciembre, la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), 30 días de vacaciones, los trabajadores que laboran en el sector agroexportador perciben un único pago en donde se incluyen la gratificación y el CTS, además de contar con solo 15 días de vacaciones.
Para Antolin Huascar Flores, dicho régimen constituye un atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, dado que beneficia directamente a los empleadores del sector agroindustrial, quienes aumentan sus ganancias a costa del trabajo no remunerado de agricultores y campesinos(as).
«Este proyecto es lesivo a los derechos de nuestros hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial», expresó el dirigente campesino.
Como se recuerda dicho régimen fue aprobado en el año 2000, en la dictadura de Alberto Fujimori en donde se estableció su vigencia hasta el año 2010, sin embargo en el gobierno de Alejandro Toledo, se decidió ampliarla hasta el 2021.
