El día 30 de junio, en la conferencia de prensa del ejecutivo, la ministra María Antonieta Alva anunció la aprobación de una serie de medidas para acelerar la inversión privada en el sector minero, como son la reanudación de la construcción del proyecto minero Quellaveco y Mina Justa; sin embargo, nos genera total indignación conocer que para el proyecto minero San Gabriel, ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura realizar la consulta a través de mecanismos virtuales, lo cual vulnera el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Al respecto Antolin Huáscar, presidente de la CNA, expresa: “La propuesta del MEF, de desvirtuar el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado va en contra del derecho fundamental de los pueblos indígenas. ¿Es que acaso se está aprovechando el contexto del covid-19, para poner en marcha proyectos, obras y actividades, vulnerando el derecho a la consulta y la participación activa y efectiva de los pueblos indígenas?”
El uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales no está contemplado en la reglamentación de la Ley de consulta. La misma debe ser un proceso de diálogo intercultural en condiciones de equidad, sin embargo dicho principio no se ha cumplido en los procesos presenciales, por el contrario se ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, imponiendo consultas de proyectos mineros priorizados por las empresas mineras, quienes incluso han actuado de mala fe e incurrido en actos de manipulación. Dichos procesos requieren ser investigados y evaluados a fin de identificar las vulneraciones y realizar ajustes conjuntamente con la participación de los pueblos indígenas, a través de espacios adecuados. La consulta previa debe constituirse como un derecho humano de los Pueblos Indígenas y no como un mero trámite administrativo, una “barrera burocrática” que requiere de soluciones rápidas y simplificadas para facilitar las inversiones privadas en el sector de las actividades extractivas y los megaproyectos de infraestructura en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas.
Desde la CNA RECHAZAMOS que para el Estado, al igual que para sus predecesores, la consulta previa no constituya un derecho humano de los Pueblos Indígenas sino un mero trámite administrativo, una “barrera burocrática” que requiere de soluciones rápidas y simplificadas para facilitar las inversiones privadas en el sector de las actividades extractivas y los megaproyectos de infraestructura.
Sr. presidente Martín Vizcarra, basta de servir a las empresas, el pueblo peruano necesita alimentos para no morir de hambre, a las empresas solo les importa acumular capital.
