El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú” fue firmado por 22 países de América Latina, incluido el Perú, el pasado el 4 de marzo de 2018. Actualmente cuenta con nueve ratificaciones y se requiere que sea ratificado por 11 países para que entre en vigencia, mientras tanto, diversas organizaciones a nivel nacional, demandamos que se ratifique por ser de vital importancia para la protección de los derechos humanos de los/as defensores ambientales y nos mantenemos en alerta.
El Acuerdo de Escazú, promueve la protección de los derechos de los defensores y defensoras ambientales, así como de personas o colectivos que podrían sufrir vulneraciones o violaciones por defender sus derechos. En el informe elaborado por el grupo de trabajo de los Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a 30 años del convenio de la OIT, afirma que “la persecución a líderes y lideresas no ha cesado”. Uno de los tantos casos emblemáticos es la persecución a 10 líderes y lideresas , compañeros y compañeras del distrito de LLusco, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, quienes fueron demandados por la empresa minera ANABI S.A.C. y estuvieron a punto de recibir sentencia a 30 años de prisión privativa de la libertad y el pago de una cuantiosa reparación civil. Afortunadamente, fueron absueltos por el sistema judicial de Cusco, gracias al clamor y la participación activa de las organizaciones indígenas y aliados. En ese sentido, no debemos permitir que se vulneren los derechos de los defensores y defensoras del ambiente.
Al respecto, Antolín Huáscar, presidente de la CNA refiere: “Ratificar el Acuerdo de Escazú es fundamental para garantizar el derecho a la participación de los peruanos y peruanas, en especial de los Pueblos Indígenas Originarios de la Costa, los Andes y Amazonía del Perú, en la toma de decisiones que pueda afectar su territorio integral y el ambiente, los ríos y los bosques. Recordemos que los Pueblos Indígenas somos los más afectados por los impactos socioambientales y es sumamente necesario que existan mecanismos interculturales para acceder a la justicia, en caso de vulneraciones de sus derechos humanos y colectivos. Necesitamos transparentar los procesos de inversión en nuestro país. Ninguna operación debería estar por encima del derecho a la salud y ambiente sano. Sobre todo, en este contexto de coronavirus, donde la urgencia por reactivar la economía está poniendo en desmedro la salud de las personas”
Por lo expuesto, desde la CNA nos pronunciamos y demandamos al Ejecutivo y el Congreso de la República que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, es una oportunidad histórica para que Perú demuestre su compromiso real con el respeto a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas originarios y un modelo de desarrollo sin exclusiones. Asimismo, esta ratificación contribuirá en la prevención de conflictos sociales y ambientales en nuestras comunidades campesinas nativas originarias, donde justamente operan empresas extractivas de minería e hidrocarburos y mega proyectos energéticos y de infraestructura en general.
¡Por el derecho a la información, participación y justicia en temas ambientales!
¡Que el Estado ratifique el Acuerdo de Escazú!
