La Confederación Nacional Agraria (CNA) demanda al Congreso cumplir con la sentencia del Poder Judicial que les ordena acatar con la Ley de Consulta Previa. El mandato judicial, dado por la Primera Sala Constitucional, señala que, cuando el Parlamento emita una ley que involucra a pueblos indígenas, esta debe contemplar siempre la consulta previa, estipulada en el artículo 6 de la Convención 169 de la OIT.
La sentencia de la Primera Sala Constitucional es del 6 de octubre del 2022, hace un año y tres meses, y hasta ahora no ha sido notificada al Congreso para su cumplimiento. “Luego de 25 años de omisión, vía una sentencia constitucional, se logró que se le ordene al Congreso regular su procedimiento legislativo para la consulta previa”, sostiene Henry Carhuatocto, abogado de la CNA y director del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS).
Con la sentencia, el Congreso debe modificar su reglamento para adecuarla a Ley de Consulta Previa. “Esta es la oportunidad para que los pueblos indígenas y campesinos podamos dialogar con el Congreso”, señala Rosalía Clemente, presidenta de la CNA, quien anuncia que esta semana presentarán un escrito para solicitar al Poder Judicial que notifique al Parlamento.
La CNA es una organización gremial de hombres y mujeres campesinos, pequeños y medianos productores agrarios y pueblos originarios. Tiene 21 federaciones regionales en la Costa, los Andes y la Amazonía, reivindica y defiende los intereses de los pueblos del campo promoviendo su liderazgo para el respeto de sus derechos, modos de producción y medios de vida.
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