La participación ciudadana en el Perú es un derecho fundamental como un país democrático los cuales están reconocidos por los tratados del estado, donde se establece que toda persona tiene derecho a participar en asuntos públicos. Por otro lado, la participación política de los pueblos indígenas u originarios en asuntos públicos que les competen debe orientarse necesariamente en instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Son diversas las normas que señalan que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política en el Perú, esto es importante, debido a que las representaciones de estas minorías en espacios de poder han estado y están relegados por sectores mayoritarios que pretenden beneficiarse de ellos, generando desconfianza y subordinación frente al sector minoritario. Si bien la Ley N.o 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley No 27734, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26864 establecen que los partidos políticos deben incluir un 15% de representantes indígenas en sus listas a Consejos Regionales como a Consejos Municipales Provinciales; sin embargo, esto no incluye porcentajes de representación en el Congreso de la Republica.
La participación política en tanto derecho humano no solo comprende el derecho a votar y el derecho a ser elegidos y elegidas, sino además el poder ejercerlos en condiciones de igualdad. Sin embargo, esto no siempre ha resultado como lo establece la norma internacional. Para buscar esta paridad de condiciones, los Estados implementan como parte de sus legislaciones el uso de las cuotas electorales; sin embargo, esto actualmente no soluciona este problema, ya que en la práctica dichos pueblos han sido vistos desde una mirada de inferioridad, descartando su participación en las decisiones estatales bajo criterios de discriminación.
