El 16 de abril, en la conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de bono rural, a un millón de familias, sin embargo, continúan excluyendo a más de un millón de familias campesinas, nativas, indígenas, originarias y agropecuarias de la Costa, los Andes y la Amazonía.
Desde el inicio de la cuarentena decretada para controlar la epidemia del coronavirus, las organizaciones de los pueblos indígenas observamos que la emergencia tiene rostro urbano y empresarial, las medidas tomadas por el ejecutivo no han considerado la realidad peruana tan diversa y con enormes brechas económicas, sociales y culturales, como consecuencia de más de 30 años de gobiernos que implementaron políticas neoliberales, priorizando la privatización y el extractivismo abandonando la agricultura familiar y los servicios públicos, como salud y la educación.
Han pasado más de 30 días desde que se decretó el estado de la emergencia nacional y recién hoy, luego de un trabajo incesante, las organizaciones de los Pueblos Indígenas hemos logrado que el Estado adopte una medida en favor de la población rural. Es un buen comienzo, pero aún insuficiente, si comparamos con todos los beneficios y apoyo que reciben otros sectores como las grandes empresas», refirió Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria.
Es innegable que el COVDI-19 afecta de manera diferente a las familias peruanas. El gobierno lejos de priorizar medidas para garantizar la vida de los peruanos y las peruanas no escatima mayores beneficios a las empresas, tal es así que ha exceptuado las actividades extractivas, poniendo en riesgo a los trabajadores y a las comunidades. Por su parte las familias campesinas, nativas, indígenas, agropecuarias, desde siempre, incluso en tiempos de cambio climático y coronovirus enfrenta y sobrevive a la crisis sanitaria, sin contar con derechos laborales, capital, asistencia técnica, seguro agrario, ni derechos laborales garantiza la alimentación de las familias peruanas. Afrontando, además, la represión impuesta por parte de las FF.AA y la PNP, que no les permiten trabajar en la chacra y menos trasladar sus productos, alimentos para ganados e insumos agrícolas, ocasionándoles enormes pérdidas a los agricultores.
Desde la CNA y nuestras federaciones regionales EXIGIMOS que entregue el BONO RURAL al 100% de las familias de las comunidades campesinas nativas indígenas originarias y agropecuarias de la Costa, Andes y Amazonia del Perú sin ningún tipo de exclusión, ni discriminación, según el Censo Agrario, serían 2millones 244 mil de familias, incluido las familias que reciben pensión 65 y JUNTOS. Ante la evidencia que no se cuenta con un padrón, se debe hacer uso de los padrones de las comunidades campesinas y comunidades nativas, que cada dos años, actualizan las juntas directivas comunales y son entregados a las Direcciones Regionales Agrarias de los Gobiernos Regionales, constituyéndose en la fuente más inmediata y confiable de información para la exitosa gestión de la entrega del bono rural.
El criterio de inclusión debe aplicarse para todas las familias peruanas, la emergencia afecta a todos y todas, no podemos ser indiferentes con nadie.
EL MIDIS DEBE CUMPLIR SU ROL RECTOR DE APLICAR LA INCLUSIÓN PARA TODAS LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.
