Lima, 11 de noviembre de 2020. La nueva crisis política que asola a nuestro país, generada por la ambición de poder y ánimo revanchista de algunos grupos políticos enquistados en el Congreso ligados a la corrupción y un gobierno débil encabezado por un Presidente con serios indicios de haber cometidos actos ilícitos, nos sumerge en un nuevo escenario de incertidumbre política, institucional, social y económica, en la que los grandes perdedores y olvidados, una vez más, somos los pueblos indígenas de todo el Perú.
Más allá de los intereses de los bandos políticos en disputa, el origen de las recurrentes crisis institucionales que sacude a nuestro país, es la Constitución espuria del 93, aprobada por un régimen golpista, que precisamente diseñó ese texto constitucional con el propósito de aferrarse al poder, quebrantando la institucionalidad y la democracia cuantas veces fuera necesario, como lo estamos presenciando ahora. Una constitución que, además de imponer un régimen económico neoliberal y antinacional que solo favorece a los sectores más privilegiados de nuestra sociedad y a los grandes inversionistas extranjeros, reforzó la histórica exclusión e invisibilización de nuestras pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía, negándonos una representación política real en los diferentes niveles del Estado y sentando las bases jurídicas para impulsar el despojo y desmembramiento de los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas, para facilitar un modelo extractivista y primario exportador que permanentemente vulnera la vida, la integridad, el ambiente, la seguridad y la economía de nuestros pueblos.
El gobierno de Vizcarra dejó pasar una gran oportunidad para impulsar profundas reformas estructurales que, desde la CNA y otras organizaciones, gremios y sectores de nuestro país, exigimos insistentemente para lograr construir un Estado pluricultural con equidad y justicia para todos los peruanos y peruanas, garantizando políticas públicas que recojan las perspectivas y propuestas de nuestros pueblos indígenas en todo nivel de gobierno. Además de otras reformas políticas para la lucha contra la corrupción que permanentemente amenazan con desestabilizar a nuestro país.
Sin embargo, el gobierno de Vizcarra hizo oídos sordos a las constantes propuestas y demandas de los pueblos indígenas para garantizar nuestros derechos a través de verdaderas políticas interculturales, omisión que se sintió con mayor fuerza durante el doloroso proceso de la pandemia del COVID-19 que sufre nuestro país, en el que las medidas del gobierno no garantizaron ni la salud ni la seguridad de nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que incluso agravaron su ya crítica situación, afectando incluso el normal desarrollo de nuestra agricultura familiar, que está garantizando la alimentación de nuestra población en medio de esta crisis.
Hoy, los pueblos indígenas enfrentamos un nuevo escenario de vulneración de nuestros derechos, pues el gobierno ha sido tomado por un Congreso que viene emitiendo constantes normas contra los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas, incluso en plena pandemia. Esta crítica situación se agrava con el anuncio del nombramiento de Antero Flores Aráoz como nuevo presidente del Consejo de Ministros, personaje claramente ligado a los grandes empresarios y los sectores más conservadores de nuestro país, discriminador, sin capacidad para concertar y dialogar con los diferentes grupos sociales que integran un país pluricultural como el Perú, y que además fue miembro del gabinete de Alan García justamente al momento del “Baguazo”.
Por todo ello, siendo conscientes de que la crisis política y moral de nuestro país no se solucionará con un simple cambio de gobierno ni la restitución del anterior, desde la CNA hacemos un LLAMAMIENTO a las organizaciones indígenas, agrarias, populares y de la sociedad civil para exigir que se convoque a una Asamblea Constituyente que congregue a todos los sectores sociales de nuestro país, para redactar y aprobar una NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA, que siente las bases de un Estado Plurinacional y Pluricultural con equidad, justicia, solidaridad y soberanía; que garantice y respete los derechos de todos los peruanos y peruanos sin discriminación de ningún tipo, especialmente de los grupos sociales más históricamente olvidados como somos los pueblos indígenas u originarios.
¡Los pueblos originarios del Perú, ocupamos el territorio peruano desde antes de la invasión y la colonia¡ ¡Fundemos un Estado pluricultural y plurinacional con equidad, justicia, solidaridad y soberanía!
