Lima, 21 de enero de 2021.Gracias al trabajo articulado de las autoridades del distrito de Tambogrande y de diversas organizaciones de agricultores, rondas campesinas y sociedad civil en general, se logró que el Gobierno Nacional deje sin efecto los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM, que declaraban de necesidad pública la inversión privada en actividad minera en el distrito de Tambogrande y autorizaba a la empresa Arco Iris a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera. La CNA y nuestras federaciones agrarias nos pronunciamos, desde un inicio, señalando que el motor de la economía del distrito se basa en la agricultura y la ganadería.
Como se recuerda, dichos decretos entregaban en concesión a la empresa Arco Iris S.A.C. un total de 21 derechos mineros sobre un área aproximada de 17 mil hectáreas ubicadas dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte, específicamente en los distritos de Las Lomas, Sullana y Tambogrande de la provincia y la región Piura. Esta norma fue aprobada pese a que, en el 2002, a través de una consulta ciudadana, la población tambograndina rechazó el proyecto minero que pretendía imponer la empresa transnacional Manhattan Minerals debido a los impactos económicos, sociales y ambientales que ocasionaría a la localidad, posición que desde esa fecha hasta la actualidad han sabido defender y mantener.
Antolín Huáscar, presidente de la CNA, expresó: “Saludamos la decisión del gobierno de derogar estas normas que nunca se debió aprobar. Hoy más que nunca, debemos asumir que la agricultura es más importante que la minería, sin alimentos no habrá vida, la minería es incompatible con la agricultura. El distrito de Tambogrande es líder en la producción de mango y limón en el Perú, además alberga los bosques algarrobales más extensos del Norte del país. Por ello, instamos a las autoridades para que anulen de inmediato todas las concesiones mineras, como es el caso de El Algarrobo de la empresa minera Buenaventura. Está en manos del gobierno prevenir el surgimiento de cualquier conflicto socioambiental”.
La CNA y nuestras federaciones regionales, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que prioricen la agricultura familiar y la economía local, por encima de modelos económicos extractivistas, que son agresivos y nefastos contra el ambiente, la agricultura, el bienestar y la existencia de las futuras generaciones. EXIGIMOS:
1) Que se respete el derecho al desarrollo y buen vivir elegido por las comunidades campesinas, indígenas, originarias del Perú.
2) Que se destine el 10% del presupuesto de inversión pública de los gobiernos regionales y locales, para la agricultura familiar, garantizando la participación de las comunidades campesinas y nativas en su programación y ejecución.
¡El valle de Tambogrande, el ambiente, la agricultura familiar y la vida, se defiende!
Agradecemos su difusión
