Gran polémica e indignación ha suscitado a la población en general, la absolución del agresor de Arlette Contreras, Adriano Pozo, por los delitos de tentativa de feminicido y violación sexual, una ciudadanía decepcionada de un sistema judicial que continúa desprotegiendo a las mujeres víctimas de agresión física y sexual, en nuestro país.
Lamentablemente esta decisión no solo evidencia la indiferencia y la escasa empatía de nuestras autoridades responsables, también muestra un Estado que no vela ni garantiza los derechos de las mujeres en el Perú, sino que expone un mensaje de impunidad y de complicidad con el agresor, quien no recibe la sanción que merece.
Cada día vemos como la violencia se va acrecentando y continuamente se reportan nuevos casos de violencia de pareja y tentativas de feminicidio, pese a ello, aún no se implementan medidas concretas que permitan amenguar dicha problemática que tanto daño esta ocasionando a nuestras mujeres en la sociedad.
Las mujeres indígenas no están exentas de ello, ellas también se encuentran expuestas a distintos tipos de violencia que vulneran sus derechos, una violencia expresada en la discriminación, racismo, la exclusión en el ámbito político, económico, cultural, entre otros que pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad.
En nuestro país, este tipo de prácticas continúan perpetuándose, y un ejemplo de ello es el desarrollo de proyectos que pretenden despojar de sus territorios a nuestros pueblos indígenas u originarios, situación que genera un desplazamiento forzado a las zonas urbanas y que atenta contra la identidad cultural y espiritual de nuestros pueblos; este tipo de situaciones también tiene un serie impacto en las mujeres indígenas. Pero también está, el poco acceso que tiene en el ámbito laboral, a una educación, a los servicios de salud e incluso a un mecanismo de justicia propia que tome en cuenta su aspecto cultural, su idioma al momento de atender sus reclamos y/o denuncias. Todo ello nos da muestra de las díficiles condiciones de vida de las mujeres de nuestras comunidades campesinas y nativas y sus pocas posibilidades de desarrollo, en un país como el nuestro en donde la pobreza agudiza en las zonas rurales.
Y es que durante años, las mujeres han tenido que enfrentar este tipo de factores y han logrado conquistar ciertos derechos, pero ello sólo ha sido logrado a través de una persistente lucha , que hasta el día de hoy no cesa, una lucha continúa de lideresas indígenas quienes también han alzado su voz de protesta en defensa de sus derechos para así conseguir iguales condiciones y oportunidades.
«La impunidad por los actos de violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control, cuando el estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable.»1
La erradicación de la violencia es necesaria y urgente, por ello desde CNA consideramos importante fomentar oportunidades y generar condiciones favorables que permitan la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito rural. Resulta fundamental empoderar a las mujeres rurales sobre sus derechos para así combatir la violencia en sus hogares y en los procesos de exclusión y/o discriminación en los ámbitos político, económico y social, pero ello también debe ir acompañado de una capacitación en competencias de género dirigido a funcionarios públicos de todos los sectores, para así garantizar el respeto de la integridad física y psicológica de las mujeres indígenas. Todo ello, enmarcado en un Estado responsable que desarrolle políticas y programas que combatan todo tipo de violencia hacia nuestras mujeres y niñas de nuestro país.
1. Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas
