Los conflictos sociales en nuestro país se ha ido incrementando producto de la inadecuada atención y resolución por parte del Estado a los problemas y demandas de la población, especialmente comunidades y pueblos originarios, que ven afectados sus medios de vida (territorio, recursos naturales), producto del impacto de las actividades extractivas u operaciones. Y al hacer uso de su derecho a la protesta, vienen enfrentando un proceso de criminalización; y así se vienen mermando los derechos y la labor de los defensores y defensoras de derechos indígenas y ambientales.
Propuestas
- Promover políticas públicas que protejan a los defensores y defensoras de territorios y recursos naturales en nuestro país.
- Impulsar el adecuado tratamiento de justicia a los defensores y defensoras de territorios de las comunidades al amparo del Convenio 169 – OIT.
- Desarrollar las capacidades de las comunidades campesinas y comunidades nativas para la defensa de sus derechos humanos y de sus líderes y lideresas criminalizadas como defensores.
- Derogar las normas que promueven la criminalización de la protesta social en el Perú.
