La CNA rechaza el Proyecto de Ley 1718-2017-PE que da plenos poderes a PROINVERSIÓN para sanear y entregar tierras a obras de infraestructura.
El pasado 28 de julio, día central de las Fiestas Patrias, el Gobierno de PPK entregó una nueva versión del derogado Decreto Legislativo 1333. Se trata del Proyecto de Ley 1718-2017-PE que insiste en crear una instancia con plenos poderes capaz de sanear y adquirir tierras para dárselas a grandes proyectos de inversión.
La ley ordena que esta instancia, de nombre APIP – Acceso a Predios de Inversión Priorizados, que depende de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF), se atribuya roles o mande sobre el Ministerio de Agricultura, los Gobiernos Regionales, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, COFOPRI y otros; para facilitar la entrega de predios privados y públicos a obras de infraestructura.
Para las organizaciones indígenas y campesinas, esta es una nueva versión de la “Ley del Despojo” (D.L 1333); aquella norma que meses atrás derogamos en el Congreso de la República por inconstitucional, inconsulta y por atentar contra los derechos territoriales de pueblos indígenas u originarios del país.
Si bien es cierto, este proyecto tiene en sus primeras líneas una salvaguarda que excluye a tierras y territorios indígenas de las ambiciones de PROINVERSIÓN. Sin embargo, las organizaciones indígenas desconfiamos y mostramos preocupación, pues nuestros y territorios aún no tienen saneamiento físico y legal adecuado, no todos están titulados y hay una serie de problemas por superposición de derechos (con mineras, el Estado y otras comunidades), delimitación, ampliación, entre otros.
Además, cabe señalar que la única referencia oficial que tendría el proyecto es la base de datos del Viceministerio de Interculturalidad, una base incompleta y que ha tenido serios cuestionamientos por no considerar a un número significativo de comunidades campesinas como pueblos indígenas. Finalmente, nuestros hermanos campesinos o parceleros, que no viven en comunidad, también se verían afectados a la hora de que el APIP requiera sus tierras para realizar sus proyectos de inversión.
En este sentido, desde la Confederación Nacional Agraria – CNA, rechazamos enfáticamente este proyecto de Ley y todas las normas que se vienen aprobando para restarnos derechos territoriales y colectivos, que hemos ganado como pueblos originarios y que están reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado a nuestras bases y organizaciones hermanas a defender los territorios indígenas y la soberanía nacional; más aún en un contexto de criminalización y escándalos de corrupción, donde se ha demostrado los estrechos vínculos delincuenciales entre los gobiernos y las grandes empresas. No permitamos que este nuevo paquetazo legislativo nos reste derechos y se los otorgue a la gran inversión.
Adjuntamos:
- Análisis técnico del Proyecto de Ley 1718/2017 “Ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas”.
- Pronunciamiento conjunto con el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.
NOTA DE PRENSA 050-2017. Jueves, 15 de agosto de 2017.
