Lima, 09 de diciembre de 2020. A través del D.S. N.° 012-2020-MIDAGRI, el pasado 5 de diciembre el Poder Ejecutivo regularizó la situación institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, formalizándolo como un programa dependiente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del recientemente renombrado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI. Cabe recordar que este programa fue creado el 2008 como Unidad Ejecutora adscrita al entonces Ministerio de Agricultura y Riego, operando bajo esa modalidad hasta este año.
Este decreto establece que AGRO RURAL tiene como finalidad “promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de inversiones en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico”. Asimismo, señala que dicho programa “es responsable de articular las acciones relacionadas con la promoción del desarrollo agrario rural”, en el marco de los lineamientos que disponga el MIDAGRI. Para tal efecto, se le asignan funciones en materia de propuesta y ejecución de líneas de intervención orientadas al desarrollo agrario rural, mejoramiento de capacidades productivas e institucionales, acceso a mercados, aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y otros recursos naturales con enfoque territorial, promoción de la competitividad de los pequeños y medianos productores, y articulación institucional con los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, se ha desaprovechado una gran oportunidad para superar algunas de las deficiencias constatadas en este programa desde un inicio, como es la ausencia de mecanismos de diálogo intercultural en condiciones con de equidad y coordinación con las organizaciones representativas de la agricultura familiar para diseñar, implementar y evaluar conjuntamente los lineamientos y acciones de intervención de este programa. Tampoco se ha considerado el enfoque de interculturalidad, que resulta indispensable para la ejecución de un programa destinado a fortalecer la agricultura familiar, la cual es sostenida en su inmensa mayoría gracias al trabajo y esfuerzo de miles de comunidades campesinas y nativas, a pesar de lo cual éstas enfrentan múltiples problemas para ser beneficiarias de este programa. Tampoco se ha asignado presupuesto adicional a este programa para el cumplimiento de las indicadas funciones, por lo que es casi seguro que todo quedará nuevamente en el papel.
Antolín Huáscar, presidente de la CNA, agrega: “Como Organizaciones Agrarias, solicitamos que se garantice el funcionamiento del programa, ya que hasta el momento no está cumpliendo su rol correctamente. Actualmente existe duplicidad de trabajo entre las Direcciones Agrarias que dependen del gobernador regional y del programa AGRO RURAL dependiente del gobierno central. Esperemos que con el Decreto se dé la correcta articulación entre las Direcciones Agrarias y AGRO RURAL para evitar esta duplicidad y se genere el trabajo en equipo para el desarrollo agrario de las comunidades campesinas y nativas”. De acuerdo con este mismo decreto, AGRO RURAL debe ser evaluado dentro del plazo máximo de dos años, a efectos de determinar su continuidad.
En ese sentido, desde la CNA y nuestras federaciones regionales exigimos al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y a la Viceministra de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego que convoquen a las organizaciones y gremios representativos de la agricultura familiar a un espacio de diálogo intercultural en condiciones de equidad y coordinación permanente para formular, implementar y evaluar conjuntamente las directrices y normas requeridas para garantizar la efectividad de éste y otros programas y políticas destinadas a fortalecer la agricultura familiar, a efectos de responder a las más urgentes necesidades y demandas de nuestras comunidades campesinas, comunidades nativas y organizaciones de pequeños agricultores, las cuales se han agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
¡Los Pueblos Indígenas tenemos derecho a la autodeterminación y a decidir por nuestro propio desarrollo!
¡El Estado debe garantizar políticas públicas interculturales construidas desde las comunidades y los Pueblos Indígenas!
Agradecemos su difusión
