Lima, 31 de julio de 2020. En un mensaje que duró casi dos horas, el Presidente Vizcarra efectuó un balance de su gestión y expuso sus propuestas para la recta final de su gobierno. Una evaluación sin autocrítica ni reflexión alguna y propuestas orientadas con énfasis a la reactivación económica de todos los peruanos y peruanas, asegurando la entrega de grandes sumas de dinero provenientes de nuestros fondos públicos a las empresas privada, y dejando de lado nuevamente a los pueblos indígenas originarios y a las familias vulnerables del país.
Desde la CNA y nuestras federaciones regionales consideramos que el gobierno del señor Vizcarra no está a la altura de la situación crítica que enfrenta nuestro país y no cuenta con la capacidad de atender las necesidades y demandas del pueblo peruano, y menos aún de garantizar la construcción de un Estado digno con equidad y sin exclusiones.
La única medida anunciada para las miles de familias golpeadas por la pandemia fue la entrega de un nuevo bono de 760 soles a ejecutarse entre agosto y octubre, pero sin disponer ninguna nueva acción que garantice un padrón debidamente saneado de las familias vulnerables, lo cual es sumamente preocupante considerando que el primer bono alcanzó tan solo al 80% de esas familias. En la misma línea, se anunció una pensión de orfandad de 200 soles para los menores que perdieron a sus padres por el Covid-19, pero solo hasta cumplir los 18 años (es decir, ignorando que esos niños, niñas y jóvenes tienen derecho a llevar estudios superiores, para lo cual requerirán un sustento posterior), monto que resulta ridículo e insultante sobre todo para las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que no tienen ingresos desde marzo y siguen sufriendo con gran dolor la pérdida de sus seres queridos, mientras que los altos e ineficientes funcionarios no dejan de percibir sus enormes sueldos de más de 22 mil soles, o sea, 760 soles o más por día.
Por el contrario, para el Ejecutivo parece que solo existe el sector empresarial, pues fueron varios los anuncios favorables para los empresarios, como: la implementación de los programas Reactiva Perú (con un fondo de 60 mil millones de soles para dar crédito a 200 mil empresas) y Arranca Perú (con 6350 millones para impulsar obras de infraestructura); la creación de fondos de apoyo empresarial al turismo; la ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, en La Libertad; y la ejecución del proyecto minero Quellaveco en Moquegua, así como el anuncio de que existen 48 proyectos mineros más en cartera.
Para el Ejecutivo, los pueblos indígenas no existimos, somos invisibles y no tenemos derechos. En efecto, NO se reconoció el rol tan importante de nuestra agricultura familiar campesina indígena, que con gran esfuerzo y enfrentando no pocos problemas en plena pandemia, continúa cultivando y entregando alimentos para el consumo de todas las familias peruanas, pese a las medidas de emergencia dirigidas para el ámbito urbano. Para el sector agrario apenas se destinan 2 mil millones de soles, lo que representa apenas el 0,3% de los 600 mil millones que destinan a las empresas. NO hubo tampoco ningún anuncio de propuestas concretas para la titulación integral de los territorios de las comunidades campesinas nativas indígenas originarias, y por el contrario se anunció un nuevo proceso de “formalización” de la propiedad a cargo del COFOPRI, que hace encender las alarmas de los pueblos originarios ante los despojos territoriales del que ya fueron objeto años atrás en el marco de los procesos llevados a cabos por dicha entidad. Y si bien se anunció que se construirán 19 mil viviendas térmicas, hay que recordarle al gobierno que las familias afectadas por las heladas no solo requieren un techo, sino atención integral ante todos los riesgos y amenazas que acarrea el cambio climático.
El mensaje presidencial fue un discurso sin alma y carente de gratitud y esperanza hacia los peruanos y peruanas que están resistiendo sacrificadamente y dando lo mejor de sí para superar la grave crisis generada por la pandemia. Fue un mensaje destinado a los empresarios y dedicado a priorizar las actividades extractivas, lo cual representa una seria amenaza para los derechos de los pueblos indígenas originarios de la Costa, los Andes y la Amazonía. Fue decepcionante en todos sus extremos y nos genera gran preocupación, porque nuestros hermanos y hermanas afectados por las actividades extractivas intensivas e irresponsables, defenderán sus territorios, a la Madre Tierra y la vida, exponiendo su salud e integridad, mientras que el Estado, lejos de proteger y garantizar sus derechos, aplicará más represión, persecución y criminalización. Recordemos que la Defensoría del Pueblo registró 190 conflictos sociales tan solo en el mes de junio, es decir, en plena pandemia, por lo que el panorama social se muestra desolador.
Hacemos un llamamiento a todos los peruanos y peruanas para movilizarnos y exigir un Estado y Gobierno que verdaderamente garantice y defienda nuestros derechos y desista de otorgar más privilegios a las grandes empresas privadas. Que declare como prioridad nacional la agricultura familiar indígena, la salud y la educación, asignando el presupuesto que estas actividades estratégicas requieren para superar esta crisis. Y que reconozca a todos los pueblos indígenas originarios e implemente políticas públicas interculturales.
¡Basta de muertes por falta de oxígeno y un servicio de salud público, integral y gratuito!
¡Por un país pluricultural e intercultural con justicia y equidad!
