La Confederación Nacional Agraria (CNA) manifiesta su preocupación y rechazo frente a los últimos sucesos desencadenados entre la Empresa Minera Las Bambas y la comunidad de Yavi Yavi del distrito de Nueva Fuerabamba en Apurímac.
Como se sabe, el motivo del conflicto obedece al uso ilegal de tierras privadas por parte de la Minera Las Bambas con el fin de transportar los minerales que se extraen para fines de exportación. El territorio en disputa corresponde al uso de “una trocha” dentro del ámbito geográfico de la comunidad Yavi Yavi y que atraviesa el Corredor Vial Arequipa, Cusco, Apurímac.
Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Nueva Fuerabamba, menciona que cuando la comunidad recibió el fundo Yavi Yavi el 23 de noviembre de 2011, dicha trocha no existía y que, sorpresivamente, el 25 de mayo del año pasado dicho espacio es declarado como vía nacional por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la resolución ministerial N°372-2018-MTC/01.02, por la cual la empresa Minera Las Bambas ha venido usufructuándola sin autorización de la comunidad y vulnerando sus derechos.
Frente a la ausencia de espacios de diálogo y concertación, el 04 de febrero la comunidad Yavi Yavi se vio en la necesidad de bloquear la trocha que atraviesa la carretera Arequipa, Cusco, Apurímac como medida de protesta frente al uso ilegal de la misma. Asimismo, el Señor Gregorio ha manifestado que se viene desatando una fuerte persecución a directivos y asesores de Fuerabamba. Como se ha declarado a través de diversos medios a la fecha hay 11 policías heridos y 04 comuneros muertos. Al respecto, el día 21 de marzo del año en curso el presidente Vizcarra se ha pronunciado, afirmando: “Necesitamos que se respete el estado de derecho”. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el Presidente por respetar el estado de derecho?, ¿criminalizar y deslegitimar las movilizaciones de la comunidad? ¿Asegurar los intereses de la empresa minera?, ¿Quién vela por los derechos de la comunidad?
Por todo lo expuesto, exigimos al Estado:
- Que sea un mediador y facilitador para garantizar un diálogo y proceso de concertación que no ponga en desmedro los derechos de las comunidades campesinas
- Que así como se divulga que la empresa minera está perdiendo millones de dólares por día , también se visibilice la vulneración de los derechos de las comunidades al territorio (artículo 73 de la Constitución peruana de 1993)
- Dar celeridad al caso al fin de evitar muertes y personas heridas. Prolongar el conflicto sería catastrófico e innecesario. No es la primera vez que se tiene un conflicto con dicha minera. Solo en el año 2015 hubo 3 muertos y 23 heridos (15 civiles y 8 policías)
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